Cristina Fernández se enfrenta al poder judicial argentino

Este viernes ocurrió lo que todo el mundo en Argentina sabía que iba a ocurrir: la presidenta Cristina Fernández aprovechó su discurso de apertura del año legislativo para anunciar la “democratización” del poder judicial de la que llevaba meses hablando. Fernández consiguió pronunciar una alocución de 3 horas y 40 minutos sin apenas mencionar las palabras inflación o inseguridad, las principales preocupaciones de los argentinos. En cambio, dedicó la mayor parte del tiempo a enumerar los avances conseguidos durante los diez años que ella y Néstor Kirchner (2003-2007) han ejercido la presidencia. Y al final, detalló en qué consistirá la “democratización” de la Justicia.

El proyecto contempla que los miembros del Consejo de la Magistratura, el órgano de gobierno de los jueces, sean elegidos por “el pueblo”. "Hay que darle a ese órgano una representación popular donde la sociedad se vea reflejada y representada", dijo Fernández. También incluye la incorporación de Internet para que los ciudadanos puedan seguir las causas pendientes. "Creo que hay que transparentar cuántos expedientes tiene cada juzgado, porque algunas causas salen enseguida y otras no salen nunca", señaló.

Uno de los puntos clave será la reforma de las “medidas cautelares”, instrumento judicial que ha permitido al Grupo Clarín eludir durante más de tres años la aplicación de la Ley de Medios. “La medida cautelar se ha transformado en una verdadera distorsión del derecho y en una fuente de injusticia, inequidad y de negación de administración de justicia”, indicó la presidenta. “Ponen cautelares, atrasan las causas, cambian los Gobiernos… Y como ellos siguen en el mismo lugar, no pasa nada”.

“Esta reforma es un traje a medida contra Clarín”, comentó un portavoz del grupo mediático. “Pero además, tendrá daños colaterales sobre la sociedad, porque la figura de las cautelares se crearon para proteger a los ciudadanos ante la aplicación de una ley que podría ser injusta. Y la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura mediante votación ciudadana solo va a provocar que la justicia esté más politizada de lo que ya está”.

Hace justo un año en el Congreso argentino, en las horas previas al discurso presidencial que abriría el año parlamentario, el gran tema de debate era YPF. Como invitado de honor se encontraba en el Parlamento el juez Baltasar Garzón, que fue aplaudido y ovacionado por los legisladores. Este viernes, sin embargo, la cuestión que más expectativas creó era la independencia de los jueces argentinos. Y de fondo, siempre de fondo, el pulso entre el Gobierno y el Grupo Clarín.

Hasta el pasado octubre, cuando el Gobierno se topó con dos sentencias desfavorables en su contencioso contra Clarín, Cristina Fernández no había reparado con tanta clarividencia en la necesidad de “democratizar” el poder judicial. A partir de entonces, los ataques a la Justicia fueron cada vez más explícitos. Como respuesta a esa “presión” cientos de jueces, a través de la Comisión Nacional de la Independencia Judicial, emitieron un comunicado el 6 de diciembre en el que mostraban su preocupación por “hechos que agraden institucionalmente”.

El 12 de diciembre Fernández volvió a la carga: “¿Qué poder dentro de la sociedad tiene un cargo asegurado para toda la vida y si hay que juzgarlo lo juzgan únicamente los pares de él y los abogados que son los que dependen de él?” (…) Añadió que los miembros de ese poder “son eternos”, que “nadie los puede movilizar porque además se protegen entre ellos”. “Decide [el poder judicial] sobre la vida, la libertad y el patrimonio de todos nosotros”, indicó. Y el 5 de febrero volvió a recordar la necesidad de democratizar la Justicia. “Democratización en selección de jueces, en juzgamientos de jueces”, señaló. Dijo que había “varios proyectos en mente” y que los daría a conocer “oportunamente”, pero no ofreció más pistas.

La batalla resurgió este martes, tras las vacaciones del verano austral, durante el discurso de apertura del año judicial por parte del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Ese mismo día, la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó atacó en varios medios a la Justicia tachándola de "corporativa, oscurantista y de lobbies aceitados". La fiscal declaró en La Nación que es más preocupante "el poder hegemónico" que ejercen sobre los jueces "las corporaciones financieras" y las "mediáticas" que las presiones “sobredimensionadas” del Ejecutivo.

Ese martes, el presidente de la Corte Suprema pronunció un discurso cargado de alusiones al Ejecutivo: "No hay que tener miedo a los debates fuertes y colisiones de intereses, pero el consenso debe existir, con un marco general de acuerdo. Nadie cambia el reglamento o el árbitro para ganar el partido”. (…)"Se requieren reglas para cuando gane y cuando pierda, para cuando uno esté en el poder o cuando lo deje, cuando sea poderoso o sea débil", señaló.

Ricardo Lorenzetti, que se encontraba este viernes entre los invitados a la sesión de apertura, salió del Congreso sin explicar qué le pareció la reforma. De momento, el “árbitro” guarda silencio.