Condenada a seis años en Holanda una mujer ruandesa por incitar al genocidio
Los jueces consideran probado que lanzó a jóvenes hutus al asesinato de vecinos tutsi Basedya, ciudadana holandesa desde 2004, ha sido juzgada en virtud de la justicia universal
La justicia holandesa ha condenado a seis años y ocho meses de cárcel a la ruandesa Yvonne Basedya por incitación al genocidio durante la tragedia que asoló su país en 1994. El tribunal de primera instancia de La Haya considera probado que la mujer lideró una milicia extremista de jóvenes de la etnia hutu —mayoritaria en Ruanda— en la capital, Kigali. “Sin perspectivas de futuro, fueron lanzados por la acusada a una violencia saldada con el asesinato de varias decenas de civiles tutsi”, según la sentencia.
Basedya ha sido absuelta de participación en el genocidio por falta de pruebas, si bien los jueces han comprobado “su falta de remordimientos, y el odio que sigue teniendo a los tutsi”. Es la primera vez que un tribunal ordinario aplica en Holanda el principio de la jurisdicción universal. La defensa sostiene, por el contrario, que la mujer ha sido víctima de falsas acusaciones vertidas por sus vecinos en Kigali, que querrían hacerse con sus bienes.
En 1994, y en menos de 100 días, unas 800.000 personas murieron en Ruanda en un choque interétnico que degeneró en un genocidio perpetrado ante los ojos de la comunidad internacional. Hace dos décadas, el gobierno ruandés estaba copado por miembros de la etnia hutu (agricultores, en origen). Los grupos más radicales de la misma tramaron el exterminio de sus vecinos tutsi (ganaderos), y también de los hutu moderados. En el recuento final de la tragedia, se dio por desaparecida al 75% de la población tutsi.
Yvonne Basedya llegó a Holanda como refugiada en 1998. Para 2004, contaba ya con un pasaporte holandés —que ha propiciado la aplicación de la justicia universal— y había conseguido la reagrupación familiar. En 2011 fue detenida después de haber pasado desapercibida para las autoridades locales. La Fiscalía General del Estado sostiene que hay más ruandeses en su situación, con un pasado criminal. La defensa mantiene que los testigos presentados en su contra “no son fiables”.
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