Los ‘tories’ legislarán para deportar a los extranjeros que delincan

La ministra británica del Interior, Theresa May, ha anunciado la presentación en los próximos meses de un proyecto de Ley de Inmigración para garantizar que los extranjeros que cometan delitos graves sean deportados “salvo en circunstancias muy excepcionales”. May acusó a “una minoría de jueces” de “ignorar los deseos del Parlamento” en esa materia dando preeminencia al artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos que, entre otros, garantiza el derecho a la vida familiar. A su juicio, esos jueces “están poniendo en peligro la vida de ciudadanos británicos” y deberían hacer una lectura más equilibrada entre ese derecho a la vida familiar y la protección de la seguridad de los ciudadanos.

En un durísimo artículo en el diario Mail on Sunday, la jefa del Home Office ataca a los jueces por entender que están ignorando las conclusiones “adoptadas por unanimidad” tras un tenso debate parlamentario en junio. El problema, que empezó hace ya bastantes años, es que muchos extranjeros que han cometido delitos graves y, según la ley actual, deberían ser deportados al acabar sus condenas, consiguen eludir la expulsión alegando que su marcha afectaría a sus familias residentes en Reino Unido. En junio, los tres grandes partidos convinieron en que se estaba haciendo una lectura exagerada de ese derecho porque no tiene carácter absoluto y se debe dar prioridad al interés nacional. Los Comunes aprobaron entonces unas directrices para que los jueces interpretaran la ley de acuerdo con los deseos del Parlamento.

“Por desgracia, está claro que algunos jueces no ven ese debate en el Parlamento sobre nuevas normas de inmigración, seguido de la adopción unánime de esas reglas, como prueba de que el Parlamento quiere que esas normas sean puestas en marcha”, escribe May. Y cita a un juez que sostiene que esas nuevas normas “constituyen una forma débil de escrutinio” y que no han alterado su potestad de decidir qué es equilibrado a la hora de pronunciarse sobre un recurso contra una deportación.

“Está afirmando que puede ignorar la voluntad unánime del Parlamento”, se queja la ministra. “No veo cómo se puede cuadrar eso con la idea central de nuestra Constitución de que al Parlamento le corresponde hacer las leyes y a los jueces interpretar qué es esa ley y asegurarse de que se cumple”, añade Theresa May. Y ofrece como respuesta convertir en ley las normas que hasta ahora son solo meras directrices sobre qué derecho ha de tener preeminencia.

Ese es, precisamente, el terreno resbaladizo que pisa la ministra. Ahora se queja de que poner en marcha una ley lleva tiempo y eso significa que “la nueva ley llegue demasiado tarde para evitar algunos ataques violentos que se podrían evitar si los jueces hubieran hecho lo que se les dijo que hicieran”. Pero en realidad es ella la responsable de haber tardado tantos meses en poner en marcha una ley pese a que la oposición ya advirtió en junio del año pasado que las directrices podrían no ser un mecanismo legal suficiente para convencer a los jueces.

El anuncio de May, justo en estos momentos, despierta recelos de oportunismo político porque coincide con la campaña de unas elecciones parciales a los Comunes que han despertado una gran expectación. Se trata del voto para cubrir el escaño por Eastleigh del exdiputado liberal-demócrata Chris Huhne. Favorito en su día para sustituir a Nick Clegg al frente del partido, su carrera política se ha ido al garete por convencer a su entonces mujer de que declarara que ella conducía el coche familiar cuando le impusieron una multa por exceso de velocidad que le habría hecho perder el carnet.

Esas elecciones, el día 28, se han convertido en un examen aparentemente crucial sobre el verdadero estado de los tres grandes partidos y sobre la emergencia del UKIP, la formación que se está haciendo un hueco en las noticias con sus posiciones radicalmente contrarias a la inmigración. May parece estar pidiendo el voto para los conservadores entre los electores de Eastleigh al apelar justo ahora a la mano dura contra los extranjeros.