Una ONG detalla la implicación de 54 países en las detenciones ilegales de la CIA

Al menos 54 países colaboraron “activamente” con el programa secreto de detenciones ilegales de supuestos terroristas desarrollado por la Agencia Central de Inteligencia estadounidense tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, según detalla en un documento la Iniciativa de Justicia de la Sociedad Abierta (OSJI), con sede en Nueva York. Aunque el presidente Barack Obama rechazó la tortura al acceder a su cargo en 2009, aquel decreto "no repudia" estos métodos ni ha establecido medios efectivos para prevenirlos, según los autores de este estudio. 

El informe de 213 páginas elaborado por la OSJI, una organización en defensa de los derechos humanos estadounidense, denuncia que la Administración de George W. Bush (2000-2008) abrazó el “lado oscuro” para combatir el terrorismo internacional. Según el estudio, el Gobierno republicano autorizó numerosas violaciones de los derechos humanos sin preocuparse por respetar las leyes estadounidenses ni las internacionales.

España permitió el uso de su espacio aéreo y de aeropuertos para el traslado de sospechosos

Pero las conclusiones recalcan que la responsabilidad de estas acciones no debe reducirse a Estados Unidos. Las numerosas detenciones secretas y “rendiciones extraordinarias” practicadas no podrían haberse llevado a cabo sin la “participación activa” y secreta de los Gobiernos extranjeros que colaboraron con la CIA. Rendición extraordinaria es el término utilizado en EE UU y el Reino Unido para la detención ilegal, interrogatorio y traslado a otros países de los sospechosos de terrorismo.

Más de medio centenar de países, según la organización, participaron en la detención, tortura y otros abusos de estos sospechosos. Algunos incluso permitieron a la CIA establecer centros de detención en su territorio. Otros colaboraron en el transporte de los detenidos —los famosos vuelos secretos—, permitieron el uso de sus aeropuertos o de su espacio aéreo u ofrecieron sus servicios de inteligencia para localizar e interrogar a los detenidos.

El estudio detalla los casos de 136 personas que fueron sometidas a estos métodos, aunque denuncia que, debido a la opacidad del Gobierno de EE UU y de la mayoría de sus socios, a día de hoy no puede conocerse el verdadero alcance de este programa ni la cifra total de víctimas. El informe que elaboró la Comisión de Inteligencia del Senado el pasado diciembre sigue clasificado y la Administración retiene diversos documentos de la agencia de inteligencia sobre estos programas. También se apunta que el asunto sigue siendo una “fuente significativa de preocupación”, ante los recientes informes de detenciones secretas que involucran a la CIA u otras agencias estadounidenses.

La OSJI critica que los tribunales estadounidenses hayan cerrado sus puertas a las víctimas de estas prácticas ilegales. Como ejemplo, cita el rechazo de la denuncia de Maher Arar, un ciudadano canadiense nacido en Siria que fue torturado en su país natal, basado en que la intervención judicial era “inapropiada” en casos relacionados con cuestiones sensibles de seguridad nacional. Canadá, por su parte, se disculpó ante Arar. Es el único país que ha entonado el mea culpa hasta el momento. Solo otros tres países —Suecia, Reino Unido y Australia— han compensado a víctimas de detenciones ilegales o rendiciones extraordinarias (los dos últimos mediante pactos secretos para evitar la batalla legal).

En Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictaminado recientemente que Macedonia, al colaborar con la CIA en su captura y tortura, violó los derechos del ciudadano alemán Jaled El Masri.

De los 27 países de la Unión Europea, 17, entre los que se encuentra España, colaboraron con el programa de detenciones ilegales, según el documento que ahora publica la organización de derechos humanos. La implicación española presuntamente consistió en permitir, al menos entre 2003 y 2004, el uso de su espacio aéreo y aeropuertos a vuelos relacionados con este tipo de operaciones de la CIA. El vuelo que llevó al propio El Masri el 23 de enero 2004 a un centro de detención de la CIA en Afganistán, partió de Palma de Mallorca antes de hacer escala para subirle a bordo en Skopje, la capital de Macedonia. En 2007 el Parlamento Europeo ya publicó un informe en el que se recogían hasta 68 escalas de este tipo de transportes en aeródromos españoles.

Un año antes, en 2006, la Audiencia Nacional comenzó a investigar estos vuelos. Algunos cables diplomáticos estadounidenses filtrados por Wikileaks en 2010 sugerían el intento de las autoridades de EE UU de influir en la Fiscalía y el Gobierno para entorpecer las investigaciones en este sentido. En mayo de ese año, el fiscal solicitó al juez Ismael Moreno autorización para detener a 13 agentes de la CIA supuestamente implicados en la detención ilegal de El Masri.