El fiscal propone la desclasificación de los informes del CNI sobre vuelos de la CIA

La fiscalía de la Audiencia Nacional ha propuesto la desclasificación de la información que conserve el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre los vuelos de la CIA que llevaron presuntos terroristas islamistas a bordo. En un informe remitido ayer al juez Ismael Moreno, que tramita las diligencias sobre el caso, el fiscal descarta llamar a declarar a los directores del Centro Nacional de Inteligencia, Jorge Dezcállar y Alberto Saiz, y desiste de citar "en este momento" a 13 tripulantes de un Boeing 737 que hizo escala en Palma en enero de 2004, hasta tener contrastadas sus identidades.

El informe al juzgado, firmado por el fiscal Vicente González Mota, explica que "el carácter de reservado o secreto de la información que hipotéticamente tuviera el Centro Nacional de Inteligencia, anteriormente Cesid, no debe constituirse en obstáculo a cooperar con la Justicia en la investigación de hechos delictivos".

El fiscal descarta citar al director general del CNI Alberto Saiz y a su antecesor el del Cesid, Jorge Dezcallar. Al primero para que declare sobre los vuelos en los que se centra la investigación: Argel-Palma-Skopje (Macedonia) del 22 de enero de 2004; Guantánamo-Tenerife-Constanza (Rumanía) el 12 de abril de 2004 y Madrid-Luxor (Egipto) el 16 de diciembre de 2003.

La declaración de Dezcallar fue solicitada por la acusación popular ejercitada por la Asociación Libre de Abogados (ALA) y un grupo de abogados de Mallorca y tiene que ver con unas manifestaciones efectuadas por el ex presidente del Gobierno, José María Aznar,

La acusación popular adujo que Dezcallar visitó en octubre de 2001 las sedes de la CIA y la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) norteamericanas. El 28 de noviembre de 2001, tras reunirse con el presidente de EE UU, George Bush, el entonces jefe del Gobierno, José María Aznar, señaló que "todos los mecanismos de cooperación en operaciones de inteligencia" estaban en marcha. Pocos días después, el 11 de diciembre de 2001, tres meses de los atentados del 11-S, se produjo la primera escala en España de un avión de la CIA.

Pero si el fiscal no pide la declaración de los responsables de Inteligencia, sí lo hace respecto de la información que tenga ese departamento sobre la posible utilización de aeropuertos españoles en vuelos internacionales fletados por la CIA. Sin embargo, el fiscal precisa que no se trata de toda la información que "genéricamente" se tenga de esos vuelos, sino sólo de los que son objeto del proceso, es decir, de aquéllos sobre los que aparezcan indicios de haber servido para el traslado ilegal de islamistas para ser interrogados o torturados.

Aunque esa información esté clasificada en grado de secreto tal como disponen la Ley de Secretos Oficiales y la ley reguladora del CNI, el fiscal pide que se proceda a la desclasificación de la información de aquellos vuelos que aparezcan relacionados con el objeto de la instrucción.

Citación de Gil-Robles

La Fiscalía tampoco se pronuncia por el momento sobre la citación del ex comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Álvaro Gil-Robles, porque antes quiere analizar el resultado de la investigación encomendada a la policía judicial sobre la utilización de los aeropuertos españoles para el traslado de prisioneros procedentes de un centro de detención de Kosovo.

En noviembre de 2005, Gil- Robles declaró a este periódico que en Kosovo vio un centro de detención "igual que Guantánamo". Entre los detenidos había cuatro norteafricanos vestidos con monos de color naranja "que llevaban barba, leían el Corán y estaban aislados". A Gil-Robles aquello le pareció "muy sospechoso" y al conocer las primeras denuncias sobre cárceles secretas, secuestros de sospechosos y escalas de aviones de la CIA en Europa que pudieran haber servido para el traslado de presuntos terroristas islámicos, propuso al Comité de Ministros que abriese una investigación.

El fiscal se separa también de la petición de la acusación popular de imputar a 13 tripulantes de un Boeing -737 que el 22 de enero de 2004 hizo escala en el aeropuerto de Palma de Mallorca. Otra comisión de investigación del Parlamento Europeo consideró probado que ese avión participó en el secuestro del alemán Jaled el Masri y en el traslado ilegal de un etíope residente en Reino Unido. La acusación pidió que se citase a los 13 tripulantes, cuya identidad figura en unas diligencias instruidas por la Guardia Civil de Palma, pero el fiscal señala que "no procede en este momento", por cuanto "la averiguación de las tripulaciones y la plena identificación de sus integrantes debe ser contrastada con las diligencias todavía pendientes". En cambio, el fiscal sí se adhiere a que se pidan las diligencias que tramita la fiscalía de Berna (Suiza).