Los abusos del poder judicial desatan una tormenta política en Bolivia

La justicia independiente, justa, gratuita, equitativa y transparente que se proclamó en enero de 2012, cuando asumieron sus funciones los primeros magistrados elegidos en las urnas, ha quedado opacada por el último escándalo de corrupción del Gobierno boliviano, que ha puesto al descubierto la dramática subordinación política del poder judicial.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, ordenó en su día la destitución de los funcionarios presuntamente involucrados en una red de extorsión a personas bajo proceso judicial y dispuso la investigación del caso.  Dicha red criminal estaba integrada por altos cargos de los Ministerios del Interior y Presidencia, que actuaban en las esferas del poder judicial. La red pretendía cobrar una fuerte suma al empresario estadounidense Jacob Ostreicher a cambio de sacarlo de la cárcel. Ostreicher llevaba 18 meses en una prisión de alta seguridad tras un controvertido juicio en el que fue condenado por ganancias ilícitas y nexos con el narcotráfico. El condenado siempre defendió su inocencia y aseguró que el proceso se había montado para despojarle de sus bienes. El caso provocó un enorme revuelo en Estados Unidos y la intervención del actor Sean Penn, que había intercedido por Ostreicher ante el Gobierno boliviano. Sin embargo, Morales ha sorprendido a sus conciudadanos al acusar a la Embajada de Estados Unidos de apelar a este hecho de extorsión para conspirar contra el proceso de cambio del país, en su discurso de inauguración del año judicial ante los magistrados de Sucre, que este lunes comenzaron sus actividades. “Quiero que sepa el pueblo boliviano y el mundo entero [que] la Embajada de Estados Unidos usa cobardemente a su compatriota detenido para frenar este proceso de cambio” denunció Morales ante los magistrados. 

El jefe de Estado ha reiterado que “enemigos externos usan el caso de extorsión como agresión política contra el proceso de cambio” y ha reflejado un sesgo racista al mencionar que tampoco los “resentidos del proceso”— disidentes del régimen— van a perdonar que “ponchos y polleras” administren el sistema judicial. El 40% de los 56 magistrados de los cuatro máximos tribunales de Sucre son indígenas y la mitad de ellos son mujeres, elegidos todos en las urnas en octubre de 2011.

Evo Morales acusa a

Los ministros del Interior, Carlos Romero, de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y de Transparencia, Nardi Suxo, que lograron el voto de confianza de su partido, con mayoría en el Congreso, se apresuraron a tomar medidas en cuanto se enteraron del funcionamiento de la red de extorsión desde las direcciones jurídicas de sus propios despachos, aunque consideran que la acción ilegal corresponde a exfuncionarios de cuarto y quinto nivel, en un intento de deslindar responsabilidades. Morales ha anunciado que no va a permitir que se acuse a sus mejores colaboradores, los tres ministros cuestionados, y les ha expresado su absoluto respaldo.

El exfuncionario del Interior Boris Villegas declaró cuando ingresó en la cárcel de Palmasola que sus acciones obedecieron siempre a órdenes superiores de ministros y viceministros y que el Gobierno creó una unidad legal destinada a velar por la seguridad del Estado. El objetivo de esta unidad ha sido, según los especialistas, el de neutralizar a la oposición política enjuiciando a adversarios, críticos y disidentes del Gobierno gracias a los amplios poderes concedidos a este grupo de abogados para defender la seguridad del Estado primero y, después para supuestos beneficios económicos.

“El Gobierno ha instrumentalizado la justicia para desplegar” una estrategia de represión y ese es el problema de fondo: la subordinación política del sistema judicial, ha explicado a este periódico el presidente del Colegio de Abogados de Cochabamba, José Antonio Rivera. “No veo voluntad política del Gobierno” para esclarecer el hecho, ha afirmado escéptico. Rivera lamentó el uso del Ministerio Público como “punta de lanza” para eliminar todo vestigio de oposición, con las presuntas acciones de un grupo de abogados del Poder Ejecutivo, de jueces y fiscales dóciles para dirigir los procesos judiciales de acuerdo son sus propósitos políticos e intereses económicos.

El fiscal general, Ramiro Guerrero, —que dirige personalmente las pesquisas de fiscales, jueces y autoridades—, ha reconocido durante la inauguración de sus actividades que la entidad que preside se encuentra “sin capacidad institucional para responder a la persecución penal del delito, sin capacidad de implementar una política criminal en el país y con un Ministerio Público estigmatizado por la corrupción, por la extorsión y por la retardación de justicia”.