Hollande se queda sin tasa para los ricos

El Consejo Constitucional francés anuló ayer varias disposiciones de los Presupuestos del Gobierno para 2013, incluido el muy simbólico impuesto del 75% para los ingresos superiores al millón de euros anuales. Se trata de la gran promesa electoral del presidente François Hollande, la cual le permitió frenar el avance en los sondeos de su contrincante Nicolas Sarkozy y le ayudó así a conquistar el Elíseo la pasada primavera. La medida desde entonces ha centrado el debate sobre el exilio fiscal, alimentado de nuevo en las últimas semanas por el traslado a Bélgica del actor Gérard Depardieu. El Gobierno ya ha anunciado su intención de presentar una nueva versión del texto legislativo en las próximas semanas.

Los denominados sabios del Consejo Constitucional, el organismo encargado de validar la constitucionalidad de la legislación antes de su entrada en vigor, han vetado así la medida estrella del Ejecutivo socialista. No se pronuncian sobre el principio mismo de una imposición del 75%, sino sobre su modalidad de cálculo, que atenta “contra la igualdad ante las cargas públicas”.

Mientras que el IRPF se calcula por hogar, la tasa se iba a aplicar sobre los ingresos individuales, lo que generaba situaciones contradictorias: un hogar en el que, por ejemplo, ambos miembros de la pareja ganaran 900.000 euros cada uno, se libraría de la recarga. Y otro donde un solo miembro ganara 1,2 millones, tendría que pagarlo.

El Consejo, que debía pronunciarse sobre el conjunto de los Presupuestos para 2013 a petición de un grupo de diputados conservadores de la Unión por un Movimiento Popular (UMP), censuró también otra disposición, el Impuesto de Solidaridad sobre la Fortuna (ISF), que incluía en su cálculo los activos financieros, como las plusvalías sobre los seguros de vida, aun cuando estos fueran reinvertidos sin ser cobrados. Incorporaba así los dividendos “que el contribuyente no había devengado o de los que no disponía”, por lo que dicha inclusión en el cálculo queda invalidada.

Apenas hora y media después de darse a conocer la decisión del Constitucional, el primer ministro, Jean-Marc Ayrault, anunció que el Gobierno “propondrá una nueva resolución conforme a los principios planteados por el Consejo Constitucional”, dentro de la próxima ley de finanzas. Poco después precisó que el impuesto “será reemplazado por disposiciones que se presentarán en las próximas semanas”. Ahora se espera que el presidente Hollande, que según su entorno acogió la noticia “serenamente”, dé alguna clave sobre lo que prepara el Gobierno para recuperar esta medida en su discurso de fin de año, que se emitirá el lunes por la noche.

Se trata en cualquier caso de un revés más simbólico que financiero. La medida, que debía aplicarse durante dos años —el tiempo, en principio, de recuperar el equilibrio fiscal—, afectaba a unas 1.500 o 2.000 personas, que debían aportar unos 140.000 euros de media. Según explicó el ministro de Economía, Pierre Moscovici, el conjunto de las disposiciones vetadas por el Constitucional supondría una pérdida de entre 300 y 500 millones de euros, sobre un esfuerzo presupuestario total de 30.000 millones de euros. “La trayectoria de las finanzas públicas se mantiene”, aseguró, y confirmó el objetivo de reducción del déficit al 3% del PIB para finales de 2013.

La decisión ha dado también algo de aire a la malherida Unión por un Movimiento Popular, el principal partido de oposición, lastrado por la guerra interna por su liderazgo. La UMP ha aprovechado para cuestionar el conjunto de la política fiscal del Gobierno socialista. Su actual y cuestionado presidente, Jean-François Coppé, ha llamado a Hollande a aprender “de sus fracasos y a cambiar de política”. El ex primer ministro François Fillon, quien disputa la presidencia a Coppé, ve en la decisión del Constitucional un veto a “la política de bombardeo fiscal llevada a cabo por François Hollande desde hace siete meses”.

La supertasa al 75% fue la gran promesa electoral de Hollande, anunciada por sorpresa durante un programa de televisión a finales de febrero, en plena campaña electoral. Desde su llegada al Elíseo, se ha rumoreado en varias ocasiones que, ante la presión de deportistas, empresarios y artistas, el Gobierno buscaba la forma de suavizar su forma de aplicación. Sin embargo, el Ejecutivo se mantuvo firme hasta la aprobación de la medida, que cuenta con un respaldo mayoritario de la población.