Hollande promete 100.000 empleos para jóvenes sin trabajo ni formación

¿Es posible otra política en Europa? El Gobierno socialista francés parece seguir convencido de que no solo es posible sino, sobre todo, necesario. Aunque Alemania exige a París, como a casi todos, reformas de sello neoliberal, el primer ministro, Jean-Marc Ayrault, ha afirmado que su prioridad es “ejercer la solidaridad y reducir las desigualdades” provocadas por la crisis, y ha anunciado un plan contra la pobreza que incluye medidas destinadas a paliar la situación de los más débiles: jóvenes con dificultades de integración, gente sin hogar, refugiados y parados sin cualificar. Las medidas costarán 2.500 millones de euros hasta 2017 y van dirigidas a los 8,5 millones de franceses que viven con menos de 964 euros al mes.

 Ayrault clausuró la Conferencia Nacional de Lucha contra la Pobreza en París con el anuncio de que la prestación de solidaridad activa (RSA), un subsidio mínimo de 475 euros destinado a parados y jóvenes, se revalorizará un 10% neto en los próximos cinco años, con el objetivo de que represente la mitad del salario mínimo, que hoy se sitúa en torno a los 1.100 euros.

 Más de un millón de franceses (1,39 millones) reciben hoy el RSA, una ayuda social instituida en 1988 por el Gobierno de Michel Rocard y reformada en 2009 por Nicolas Sarkozy cuando la crisis de las hipotecas basura empezó a castigar a la economía europea.

 El Gobierno se compromete a crear, empezando en enero de 2013, 100.000 contratos anuales de inserción para jóvenes sin cualificación de 18 a 25 años. Serán contratos de un año, renovables por uno más, con sueldos de 450 euros mensuales y se firmarán en las oficinas de empleo, ha explicado el primer ministro. El Estado ofrecerá a los jóvenes un puesto de trabajo “adaptado a sus necesidades”, y aquellos que pierdan el empleo podrán seguir cobrando si siguen un curso de formación.

 Ayrault confirmó la promesa electoral de construir 150.000 viviendas sociales durante el quinquenio presidencial de François Hollande, y añadió que se crearán 8.000 plazas nuevas para casas de acogida, la mitad destinadas a los peticionarios de asilo y la otra mitad a los ciudadanos sin domicilio fijo.

 En la Sanidad pública, el techo para acceder a la cobertura universal se revisará a la baja para beneficiar a 500.000 personas más de las que acceden hoy, los 4,4 millones de personas que viven con menos de 661 euros mensuales.

 Para prevenir el sobreendeudamiento de las familias y posibles desahucios por falta de pago, Ayrault se comprometió a cumplir una propuesta que ha suscitado polémica en el Partido Socialista, un censo “positivo” de todos los préstamos solicitados por los particulares a los bancos.

 La oposición conservadora criticó el plan de Ayrault, afirmando que son soluciones de carácter “asistencial”. El jefe de filas de los diputados de la Unión por un Movimiento Popular (UMP), Christian Jacob, emplazó a los socialistas a reducir la presión fiscal sobre las empresas para que estas puedan crear empleos de calidad. El Partido de Izquierda también atacó a los socialistas y calificó los anuncios como “una limosna miserable”.

Los socialistas replicaron que las estadísticas sobre la pobreza señalan que en los últimos años el nivel de vida ha caído de forma alarmante. Un informe publicado ayer por el Gobierno indica que el número de hogares que viven con menos de 803 euros al mes por persona se elevó en 2010 hasta los 4,7 millones, mientras era de 3,9 millones en 2004. El nivel de la pobreza en Francia se mide en 964 euros al mes, el 60% del nivel de vida medio. Pero si se toma como referencia el 40% de la renta media, es decir, 642 euros al mes, hay 2,1 millones de personas en esa franja frente a 1,5 millones en 2004.

Según Louis Maurin, director del Observatorio de las Desigualdades, “los jóvenes son los más afectados por el aumento de la pobreza y las primeras víctimas de la crisis y de la subida del paro”. El miércoles, el ministro de trabajo, Michel Sapin, presentará una de las promesas centrales de la campaña de Hollande, la creación de 150.000 contratos de generación, que se basan en dar ventajas fiscales a las empresas que mantengan un trabajador mayor de 55 años y contraten un menor de 26.