Tragedias tejidas en Bangladesh

A Farida le aterra ir a trabajar. Cree que cada día puede ser el último, y sus temores están fundados. Solo corta telas y cose costuras para famosas marcas de moda, una labor que en cualquier otro lugar no tendría por qué ser arriesgada. Pero ella trabaja en una fábrica de Bangladesh. “No hay apenas ventilación en todo el edificio, está todo lleno de polvo, de cajas y de telas”, cuenta esta mujer de 26 años. “No nos dan agua potable, así que la bebemos del lavabo, pero a partir de la cuarta planta ni siquiera llega agua al baño”. Lo que más le preocupa no es tener que bajar las escaleras para saciar su sed, sino la falta de medidas de seguridad contra el fuego. “Tampoco hay extintores, ni escalera de emergencia”, apunta. De hecho, el edificio es una ratonera de hormigón cualquiera ubicada en el cinturón industrial de la capital, Dacca.

Más de 600 muertos y 2.000 heridos en seis años. Podrían ser las estadísticas de un conflicto armado, pero es solo la lista de trabajadores afectados por los incendios que se han declarado desde 2006 en fábricas textiles como la de Farida. De los muertos por otros accidentes de trabajo, y de quienes se dejan la salud practicando técnicas como el sandblasting —el disparo de un chorro de arena para desgastar los vaqueros—, no hay datos. “Son las víctimas colaterales de la codicia de multinacionales y de Gobiernos”, dispara Amirul Haque Amin, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Textil de Bangladesh (NGWF). “Su vida es el verdadero precio de la etiqueta made in Bangladesh”.

Hace solo una década habría sido difícil encontrar ese origen impreso en alguna prenda, pero ahora solo hace falta rebuscar brevemente entre las perchas de cualquier gran marca para confirmar que Bangladesh se ha convertido en el segundo exportador de ropa del mundo, por detrás de China. No en vano, el sector textil da trabajo a más de tres millones de personas —el 40% de la mano de obra industrial del país— en más de 4.500 fábricas, aporta el 80% de las exportaciones bengalíes —casi 15.000 millones de euros— y supone uno de los principales motores del crecimiento económico de Bangladesh, cuyo PIB se expande a un ritmo superior al 6% a pesar de la crisis global.

Consciente de que la industria textil podía jugar ese papel económico, tras la independencia de la antigua Pakistán Oriental, el Gobierno decidió crear en la década de 1980 las zonas de procesamiento de exportaciones (EPZ, en sus siglas en inglés). Son el Eurovegas industrial, el sueño húmedo de cualquier multinacional: “La legislación laboral no es de aplicación; a los trabajadores se les niega el derecho a sindicarse —solo el 5% de la masa laboral lo está—; el Gobierno corre con los gastos de electricidad, gas o agua, y subvenciona la adquisición de tierra en lugares especialmente deprimidos. Además, las empresas disfrutan de importantes exenciones fiscales y de la importación de material sin aranceles”, enumera Amin.

Bangladesh es el segundo exportador de ropa del mundo, por detrás de China. El sector emplea a tres millones de personas

Así es fácil entender por qué la inversión extranjera llegó en tromba al país. Pero, aunque los beneficios de las empresas se disparan y el precio de venta al público puede ser más de diez veces su coste real, las condiciones laborales de los trabajadores no mejoran. La mayoría cobra el salario mínimo más bajo del planeta —3.000 takas, equivalente a 28,8 euros— por semanas laborales de 54 horas y sufre todo tipo de abusos por parte de los empresarios. “Un día de ausencia se castiga con la reducción del salario correspondiente a dos jornadas, el retraso de unos minutos se paga con el sueldo de todo el día, y las ausencias también se penan con el pago tardío de la nómina”, cuenta Farida.

Las mujeres, que suponen el 80% de los trabajadores del textil, se llevan la peor parte. Las bajas por maternidad, garantizadas por ley, no existen en la mayoría de empresas. “Tenemos que dejar el trabajo, dar a luz y cuidar de los niños sin ningún tipo de prestación económica, y volver a encontrar un nuevo empleo”, asegura Hashi, una trabajadora que lleva ya dos décadas tejiendo jerséis.

Por si fuera poco, los fabricantes han dado con la fórmula perfecta para no abonar las horas extra: “El empresario fija unos objetivos de productividad basándose en piezas por hora. Saben que ningún humano podría cumplirlos, pero no importa. Para llegar al cupo tenemos que trabajar dos o tres horas extra al día sin cobrar”, afirma Moni, trabajadora de Immaculate. Y ojo con quejarse, porque el despido es fulminante.

Aunque ya nadie cobra menos del salario mínimo en las EPZ, las empresas no aplican los aumentos de sueldo que marca la legislación. Hashi debería ingresar 4.218 takas al mes (unos 40 euros), pero solo cobra 3.500. “Cualquier excusa sirve para que te degraden”, denuncia la mujer, que asegura haber trabajado tres meses seguidos sin un solo día de descanso y hasta 15 noches consecutivas. “Hay que enviar el pedido a tiempo cueste lo que cueste”.

La combinación de estrés y cansancio puede resultar letal. Es en esta situación cuando se producen la mayoría de los accidentes laborales, incluido el incendio que el pasado día 25 calcinó la fábrica de Tazreen Fashions —fabricante de Carrefour, Walmart, Disney y C&A, entre otras— y dejó más de 110 víctimas mortales y cientos de heridos. Otro fuego 36 horas más tarde no se cobró ninguna víctima gracias a que unos obreros lograron evacuar a los trabajadores por la azotea; pero dos días después, en una fábrica similar en la ciudad de Chittagong, una estampida provocada por el miedo a otro incendio sí se saldó con 50 heridos.

“Es una sangría intolerable que no cesa”, apunta Nazma Akter, presidenta de la Federación Textil Sommilito. “Las multinacionales están todavía lejos de cumplir con su cacareada responsabilidad social corporativa, ni siquiera con sus propios códigos de conducta”. La corrupción y los intereses políticos posibilitan este escenario. Khorsed Alam, director del Movimiento Alternativo para una Sociedad Libre hasta su fallecimiento el mes pasado, investigó las conexiones entre el sector textil y el poder político: “Veintinueve diputados son propietarios de fábricas y la mitad del Parlamento tiene intereses directos en esta industria”, aseguró en una entrevista concedida a este periodista el año pasado.

Por estas razones, todos los agentes de la industria textil, incluida la agrupación sindical IndustriAll, han redactado un memorando de entendimiento vinculante que busca mejorar sustancialmente la seguridad en las fábricas y que ya han firmado dos grandes multinacionales: el grupo estadounidense PVH —Tommy Hilfiger, Calvin Klein— y la alemana Tchibo. “Estamos trabajando para que el accidente de Tazreen Fashions suponga un punto de inflexión y no se repita la tragedia”, explica Eva Kreisler, coordinadora de la Campaña Ropa Limpia en España.

"Si llegas tarde al trabajo unos minutos pierdes el sueldo de ese día", explica Farida, una trabajadora de 26 años

El acuerdo contempla inspecciones independientes de las instalaciones, formación en materia de seguridad y la obligatoriedad de adecuar las instalaciones a la normativa, el establecimiento de un procedimiento de quejas, la transparencia en las subcontratas y el compromiso de pagar precios que permitan a los proveedores hacer realidad las mejoras. “Es evidente que las empresas participantes tendrán que asumir cierto coste económico e implicar a sus proveedores, pero lo que se exige son solo condiciones que en cualquier otra parte resultan básicas”, apunta Kreisler.

Tanto Amin como Akter coinciden en que eso no supondrá una merma relevante en las cuentas de resultados. El propietario de una gran fábrica reconoce, bajo condición de anonimato, que “los márgenes de beneficio son tan grandes para las marcas que proporcionar unas condiciones dignas a los trabajadores resultaría barato”.

A pesar de ello, multinacionales como Inditex, que ya sufrió en 2005 el desplome de la fábrica de una de sus subcontratas —Spectrum—, en el que murieron 64 personas, no se deciden a firmar. La multinacional gallega no alude a las razones por las que no adopta el memorando y asegura que ha presentado una propuesta propia a IndustriAll relativa a la seguridad contra incendios. “El Código de Conducta de Inditex es ya de por sí muy exigente, ya que aplica los criterios más estrictos en el área de la seguridad en el trabajo. Esta norma es obligatoria para todos los proveedores y centros de fabricación que trabajan para Inditex. Para asegurar su cumplimiento, casi 300 fábricas en Bangladesh han sido auditadas solo en el periodo 2011-2012”, explica el grupo que engloba a marcas como Zara o Massimo Dutti.

No obstante, como apunta Akter, es casi imposible orientarse en la maraña de subcontratas, ya que empresas como Inditex funcionan a través de agentes. Incluso el memorando de entendimiento solo incluye dos niveles. Así, las multinacionales que lo firmen serían responsables de lo que suceda en los centros productivos subcontratados, como Tazreen Fashions y su matriz Tuba Group, pero será difícil que las inspecciones vayan más allá. Si las condiciones laborales de las EPZ rozan lo inhumano, las de los talleres que están un poco más alejados de la ciudad son todavía peores.

Es fácil dar con ellos. No hay más que caminar por los embarrados caminos aguzando el oído y seguir el repiqueteo de la maquinaria. En cobertizos de madera y uralita, casi sin luz y con un ruido ensordecedor, cientos de trabajadores, muchos de ellos menores de 16 años, tejen las telas que luego toman forma en las fábricas. “Un 30% de nuestra producción se exporta al extranjero ya confeccionado”, comenta el responsable de un taller, que suelta una carcajada cuando se le pregunta por las inspecciones. “A nuestros clientes solo les importan tres cosas: el precio, la calidad y que llegue a tiempo. Si la gente muere en una fábrica, se lamentan, otorgan unas indemnizaciones ridículas y pasan a otra cosa. Porque los sucesos se olvidan rápido”.