Sarkozy se libra de ser imputado por falta de pruebas

La fotografía tomada en Burdeos el jueves por la noche era un poema. Nicolas Sarkozy salía en coche del palacio de Justicia, sentado en el asiento de atrás con sus abogados, con el rostro desencajado mientras hablaba por el móvil. Tras doce horas de interrogatorio, los jueces que instruyen el sumario del caso Bettencourt dieron marcha atrás en su idea de imputar al expresidente de la República y le concedieron el estatuto penal de testigo asistido, una figura creada en 1987 para los sospechosos de haber cometido delitos y que está a medio camino entre la más benévola (testigo normal) y la peor (imputación formal). De forma que Sarkozy salva de forma casi definitiva el primer asalto judicial, de los tres que puede tener por delante, y como confesó a sus amigos el viernes, respiró “aliviado”. Su carrera política puede continuar, desde la ausencia actual, y quizá llegue a tiempo de salvar a su partido, la UMP, de una fractura que parece irremediable.

Pero, en realidad, la comparecencia de Sarkozy no deja en buen lugar al ex jefe del Estado. Los jueces no han encontrado pruebas “graves y concordantes” que permitan su imputación, y precisamente por eso le declaran testigo asistido, lo que significa que los indicios de que cometió el delito subsisten, aunque no se sostendrían en un juicio ya que no hay testigos directos ni elementos materiales que lo prueben.

La línea de defensa del expresidente, según informó Le Monde, se basó precisamente en ese punto: ante los tres jueces de Burdeos y su declarada intención de acusarle formalmente, Sarkozy y su abogado, Thierry Herzog, subrayaron que no hay testigos ni pruebas materiales que confirmen las sospechas que pesan sobre él.

El desenlace supone una victoria para el ex líder de la UMP, aunque algunos puedan pensar que se trata de un triunfo pírrico. Por un lado, Sarkozy puede considerarse casi a salvo del todo del oprobio de ser el segundo jefe del Estado francés acusado formalmente, tras su antecesor Jacques Chirac, que fue condenado el año pasado a dos años de cárcel por crear empleos ficticios cuando era alcalde de París.

Si aparecieran nuevos testigos o pruebas, los magistrados podrían imputarle finalmente, pero no parece probable porque la comparecencia de Sarkozy se considera el acto final de la instrucción de un caso en el que hay ya cinco imputados: el ex ministro y extesorero de la campaña de Sarkozy en 2007, Eric Woerth; el administrador de la fortuna de Lilian Bettencourt, Patrice de Maistre; el artista y protégé de la anciana, François Marie Banier, el exabogado de la heredera, Pascal Wilhelm, y su exfiscalista, Fabrice Goguel.

El problema es que la verdad judicial y la verdad periodística no siempre coinciden. Y que Sarkozy haya sido interrogado durante 12 horas por “abusar de la debilidad” de una multimillonaria senil y cobrar grandes sumas de dinero al menos en dos momentos de su reciente carrera, tiene mal encaje con la idea que el público tiene de un político honesto y transparente.

Según se lee en el auto judicial, Sarkozy visitó la casa de los Bettencourt en Neuilly sur Seine en febrero de 2007, cuando arrancaba la campaña presidencial que le llevó al Elíseo. Era el momento en que, según varios testigos, el administrador de la fortuna de la heredera, Patrice de Maistre, pidió 150.000 euros a su contable, Claire Thibout, según dijo para dárselos al tesorero de Sarkozy, Eric Woerth, imputado en el caso “por tráfico de influencias pasivo y cobro de dinero”.

Más tarde, en noviembre de 2008, cuando Sarkozy ya era presidente, Patrice de Maistre, un hombre muy cercano a la UMP y que ha sido imputado por “abuso de debilidad, complicidad en abuso de confianza y estafa agravada, abuso de bienes sociales y tráfico de influencias activo”, visitó al presidente en el Elíseo solo unos días después de haber retirado 2 millones en metálico de una cuenta suiza de Madame Bettencourt. El juez Jean-Michel Gentil maneja la hipótesis de que Sarkozy se enriqueció personalmente y cobró el dinero, según Le Monde, pero a la vez piensa que la posibilidad no sirve para justificar por sí sola nuevas investigaciones.

La reconstrucción del interrogatorio río realizada por los medios franceses revela además que Sarkozy ha sido protegido por la suerte y blindado por los principales protagonistas del caso. Tanto De Maistre como Woerth han desmentido formalmente que Sarkozy cobrara aquellos 150.000 euros, y la principal testigo de esa entrega en metálico, la gobernanta de la casa, Nicole Berger, falleció antes de poder confirmarlo ante los jueces.

Otra de las pruebas indirectas en poder de los magistrados es el diario íntimo incautado a Barnier, el dandy, fotógrafo y amigo de la viuda Bettencourt, sospechoso de haberle sacado millones de euros a la cuarta fortuna de Francia, y que el 26 de abril de 2007 anotó: “De Maistre me ha preguntado si Sarkozy había vuelto a pedir dinero, y le he dicho que sí”. Los jueces no han considerado que una prueba seria porque el propio artista minimizó ante ellos la fiabilidad de su diario.

Hay otros elementos embarazosos en la causa. El principal es un número muy alto de encuentros entre Sarkozy y el exfiscal de Nanterre, Philippe Courroye, que se encargó del caso desde que se abrió. Entre 2008 y 2011, Sarkozy recibió al menos ocho veces al fiscal en el Elíseo, coincidiendo con los momentos más calientes del escándalo. Los jueces piensan que se trata de una injerencia del poder ejecutivo sobre el judicial, pero, a sus ojos, no constituye un delito perseguible.

La conclusión, viendo los datos objetivos, es que imputar a un exjefe del Estado nunca es fácil. Pero el calvario judicial de Sarkozy puede ser largo todavía. Los escándalos Karachi (presunta financiación ilegal de la campaña de Edouard Balladur en 1995), y sondeos del Elíseo (en el que ha sido denunciado por desviar fondos públicos para beneficiar supuestamente a la empresa de encuestas de su asesor, Patrick Buisson, que cobró 3,3 millones) están respectivamente en fase de instrucción e investigación preliminar. Si en el primero parece difícil que Sarkozy acabe imputado, el segundo podría provocar un conflicto de competencias entre tribunales y una disputa sobre la impunidad legal del exjefe del Estado.