El censo en Bolivia revela la urgencia de delimitar municipios

El conflicto de los límites municipales se ha convertido en el problema principal durante la ejecución el miércoles del censo de población y vivienda en Bolivia, pese al esfuerzo de las autoridades para buscar soluciones inmediatas y garantizar el proceso de recuento ciudadano, que en general se desarrolló con normalidad, según fuentes oficiales.

El censo de población y vivienda, llevado a cabo después de 11 años, obligó a los ciudadanos a permanecer en sus casas y convirtió las calles y carreteras en lugares casi fantasmales, en contraposición a los bloqueos y a las ruidosas protestas callejeras que, casi a diario, suelen darse en las principales ciudades.

La ministra de Planificación de Desarrollo, Viviana Caro, informó al final de la jornada de que “en Yucumo [en la frontera de La Paz y Beni] se ha llegado a un acuerdo y se ha normalizado” el trabajo de los encuestadores. Horas antes, la ministra había denunciado el secuestro de boletas censales debido a discrepancias sobre los límites con un municipio vecino. De forma similar, se logró superar los obstáculos en otras poblaciones del país.

El presidente Evo Morales mencionó al final del día, en una conferencia de prensa en su residencia en La Paz, los problemas presentados en los municipios de Tablasmonte en Chapare y Suchiri en Potosí, cuyos pobladores se resistieron en principio a ser censados, pero, vencida la resistencia, rellenarán hoy las respectivas boletas.

Las autoridades gubernamentales han admitido que en 314 de los 339 municipios existen problemas debido a la falta de delimitación de sus territorios, de larga data, y reconocieron la urgencia de contar con una ley al respecto para evitar conflictos similares a los que se han registrado por la disputa de zonas agrícolas, mineras y de recursos naturales.

Morales destacó la respuesta positiva de la mayoría de los bolivianos y auguró un sólido futuro basado en un conocimiento más cercano de la realidad nacional, que permitirá la aplicación de políticas de desarrollo y crecimiento económico. El delegado en Bolivia del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, Dennis Racicot, ha destacado “la gran madurez de la población boliviana” que respetó el auto de buen gobierno dispuesto por las autoridades regionales y permaneció en sus casas.

Por su parte, los medios de comunicación destacaron la incansable actividad registrada en las redes sociales que generaron un caudal importante de información para los internautas, que siguieron al segundo el desarrollo del proceso censal en todo el país. A los periodistas se les ha prohibido opinar sobre los contenidos de la papeleta del censo y, por supuesto, sobre las respuestas debido a la cláusula de confidencialidad del documento.

Los expertos en censos de población y vivienda han hecho notar, en declaraciones a los medios locales, algunos de los problemas que persistieron en el proceso pese a las reclamaciones y sugerencias previas. Entre estos, por ejemplo, el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas lamentó la falta de actualización de la cartografía y la ausencia de previsiones sobre el crecimiento de la población que, aparentemente, se reflejó en la escasez de papeletas censales.

Morales coincidió con autoridades municipales y analistas en condenar a los líderes vecinales y políticos que exigieron a los pobladores retornar a sus lugares de origen para ser censados en sus pueblos natales bajo amenaza de perder su propiedad o sufrir restricciones en la dotación de servicios básicos. El objetivo de esta exigencia es, aparentemente, garantizar la asignación de recursos económicos y, en el futuro, escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero las amenazas son contrarias a la Constitución.