El Tribunal para Yugoslavia ha acusado a 161 personas por la guerra

Establecido en mayo de 1993 por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) pertenece a la categoría de cortes ad hoc, es decir, dedicadas a juzgar delitos cometidos en conflictos específicos. En su caso, se trata de las violaciones de los derechos humanos perpetradas en las guerras de los Balcanes entre 1991 y 2001. Una crisis que amenazó también la seguridad en Europa y que la comunidad internacional no contuvo a tiempo. Con la vista puesta en la futura reconciliación de los pueblos enfrentados, el TPIY ha centrado sus esfuerzos en demostrar la culpabilidad de los máximos responsables de los peores crímenes, ya sea genocidio o crímenes de guerra y contra la humanidad. Las sentencias las dictan 16 jueces. Los estatutos no contemplan la pena de muerte.

Con sede en La Haya, el Tribunal entró en vigor al día siguiente de su constitución y aplica las normas del Derecho Internacional Humanitario. Su fiscalía (cuenta además con tres Salas de Primera Instancia, una Sala de Apelaciones y una Secretaría), puede investigar de oficio, o bien a partir de los informes recibidos de la ONU, organizaciones no gubernamentales y cualquier Gobierno. No tiene policía y depende de los países donde puedan encontrarse los presuntos autores de los crímenes. Aunque ha acusado a 161 personas, ello ha dado lugar a largas esperas. La más llamativa ha sido la del exgeneral serbobosnio Ratko Mladic, que estuvo 16 años evitando su arresto.

Como el TPIY no puede juzgar más que a personas, ya sea por haber ordenado, incitado, contribuido, preparado o ejecutado los crímenes, en las dos últimas décadas ha demostrado que nadie goza de inmunidad. Ha creado a su vez doctrina legal al calificar las violaciones y la tortura como crímenes de guerra. También ha rechazado el concepto de obediencia debida a un superior para exculpar un crimen. El Tribunal ha hecho frente a críticas por la lentitud y coste de su labor, abonado por todos los miembros de la ONU. De todos modos, el peor momento de su historia fue en 2006, con la muerte en su celda del expresidente serbio, Slobodan Milosevic, sin que se hubiera dictado sentencia.

Mucho antes, en 1994, el primer reo había sido Dragan Nikolic, comandante serbobosnio del campo de concentración de Susica, al este de Bosnia-Herzegovina. Recibió 20 años de cárcel por crímenes contra la humanidad. Hasta la fecha han sido condenadas más de 60 personas de todas las etnias balcánicas, ya fueran serbios, croatas, musulmanes bosnios o albaneses de Kosovo. Los juicios contra más de 30 acusados siguen en marcha y se espera que el Tribunal cierre sus puertas en 2016. Para entonces habrán concluido las apelaciones de los últimos casos, que serán llevadas por una versión reducida de la institución, hoy una colosal maquinaria judicial.

De los cinco fiscales jefe que han pasado por La Haya, la más mediática fue la jurista suiza Carla del Ponte. El actual es el belga Serge Brammertz, que ha visto llegar a la cárcel de la ONU en Scheveningen (distrito costero) al ex líder político serbobosnio, Radovan Karadzic, su jefe militar, Ratko Mladic, y al último de los fugitivos de la antigua Yugoslavia, el político serbocroata Goran Hadzic.