Italia contiene el déficit, pero no mejora en competitividad

Italia empezó a tomarse en serio la agenda europea en agosto de 2011, cuando la crisis de la deuda soberana y el aumento de la prima de riesgo obligaron al Gobierno a recurrir al programa de compra de obligaciones públicas por parte del Banco Central Europeo. El 5 de agosto, una carta firmada por Jean Claude Trichet y Mario Draghi indicaba al entonces primer ministro, Berlusconi, las prioridades que debía abordar a juicio de Bruselas. Aquella fue la primera señal visible del “vínculo externo” teorizado por el exministro del Tesoro, Guido Carli, para superar las resistencias corporativas del país, además de sentar las bases para las sucesivas recomendaciones de la Comisión Europea. Los requisitos presentados por el BCE se pueden resumir en cuatro puntos.

Primero: reducir el gasto público destinado a pensiones y al funcionamiento del Estado y las entidades locales.

Segundo: llevar a cabo una profunda reforma de la administración pública —sanidad, justicia, educación— que incluya otorgarle más eficacia y abolir estructuras inútiles como las provincias.

Tercero: aumentar la competencia mediante liberalizaciones en los servicios públicos locales y profesionales.

Cuarto: reformar el mercado de trabajo, con una revisión de las normas de despido y un incremento del peso de los contratos de productividad en empresas en detrimento de los de ámbito nacional.

Berlusconi no tuvo el tiempo ni la voluntad de cumplir esos requisitos, y trasladó la tarea a Monti a partir de noviembre de 2011.

A poco más de un año de aquella carta, el balance es claroscuro. Monti y sus ministros han intentado meter mano a todas las cuestiones planteadas en el documento, pero solo han conseguido llegar al fondo en dos de las cuatro. La contención del gasto público se ha logrado: el Gobierno ha aprobado dos medidas para la reducción del déficit (los datos oficiales dicen que este año será del 1,6%), han reformado el sistema de la seguridad social y han aumentado la edad de jubilación. Ahora, para retirarse, hace falta tener 66 años, salvo quien haya cotizado durante 41; en ese caso, basta con tener 62. La reforma de la administración pública está en marcha: las provincias verán su número reducido a la mitad, se han revisado los procedimientos de adquisición de las instituciones públicas y un reciente decreto del Gobierno apunta a disminuir drásticamente los costes de funcionamiento de ayuntamientos y regiones.

La reforma del mercado de trabajo está aprobada, pero no prevé, como proponía Europa, la superación del artículo 18, que dispone la no movilidad de los trabajadores con contrato indefinido. Para mejorar la productividad, el Gobierno ha pedido un acuerdo a empresas y sindicatos, pero el objetivo está aún lejos. El Gobierno ha intentado, sin éxito, incrementar la competencia; los colegios profesionales, una antigua herencia corporativa, tienen todavía mucha fuerza y limitan el acceso de las jóvenes generaciones. Tampoco ha logrado el Gobierno reformar los servicios públicos locales, lastrados por la presencia de demasiadas empresas municipalizadas y controladas por los ayuntamientos.