Guinea Ecuatorial demanda a Francia por violación de soberanía e inmunidad

Guinea Ecuatorial ha demandado a Francia ante el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), máximo órgano judicial de Naciones Unidas, por violación de soberanía e inmunidad. En concreto, pide que se ordenen a París la anulación de las investigaciones penales por supuesto desvío de fondos públicos abiertas contra el presidente guineano, Teodoro Obiang Nguema, y contra su hijo y vicepresidente segundo, Teodoro Nguema Obiang, apodado Teodorín. Guinea pide asimismo que quede sin efecto la orden de arresto emitida por los jueces galos, por el mismo delito, contra Teodorín. La justicia francesa abrió el caso contra los Obiang después de que la Organización para la Transparencia Internacional denunciara la supuesta adquisición fraudulenta de bienes galos. El dinero para los pagos habría sido usurpado en la propia Guinea Ecuatorial. Durante las investigaciones, se confiscó un edificio en cuyo interior se encontraban objetos de lujo de dudosa procedencia. La situación dio un vuelco cuando Teodorín eludió prestar declaración, y fue dictada una orden de arresto internacional. Entre los investigados en Francia figuran asimismo las familias del presidente de Congo-Brazzavile y de Gabón.

“La República de Guinea Ecuatorial pide al TIJ que ponga fin a estas violaciones del Derecho Internacional ordenando a Francia que abandone todos estos procedimientos penales”, reza el texto de la demanda, presentada en La Haya, sede del Tribunal. “Asimismo, solicitamos la devolución de las propiedades de la República guineana embargadas en virtud del caso francés”. Olivier Metzner, abogado de la familia Obiang, pretende evitar “la detención de los mandatarios guineanos”. “También que Francia deje de entrometerse en los asuntos internos de Guinea Ecuatorial y devuelva las propiedades embargadas”, ha dicho. Dado que los casos contenciosos de esta naturaleza precisan del acuerdo previo de la partes, el Tribunal Internacional de Justicia solo procederá si Francia acepta su competencia. “Rechazarla supondría un desprecio a la justicia internacional”, según el abogado Metzner.