Un tribunal de Brasil ordena suspender las obras de la presa Belo Monte

Las obras de la presa hidroeléctrica Belo Monte en la Amazonia brasileña han sido paralizadas este martes por orden de un tribunal regional federal brasileño. La decisión podrá ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Brasil.

El juez Souza Prudente ha alegado que las comunidades indígenas de la zona no habían sido consultadas antes del inicio de las obras. Al mismo tiempo, denuncia que habían existido vicios en el Supremo Tribunal Federal cuando declaró la constitucionalidad de las obras. En caso de desobediencia, la multa a la empresa Norte Energía por no parar las obras sería de 500.000 reales diarios (200.000 euros).

La construcción de la presa quedará paralizada hasta que el Congreso Nacional consulte a las comunidades indígenas acerca de la infraestructura, que inundaría sus tierras y les obligaría a desplazarse. La sentencia se apoya en la convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo, firmada por Brasil, cuyo artículo 6.1 dicta: “Los Gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

Además, en la aprobación del proyecto por parte del Congreso habría habido un supuesto fallo procedimental ya que habría tomado la decisión antes de haber consultado los estudios técnicos sobre la obra. Dichos estudios llevados a cabo por una comisión multidisciplinar alertaban sobre el impacto ambiental de la construcción de la hidroeléctrica.

La presa Belo Monte es la obra más importante desde que llegara al poder el expresidente Lula da Silva. Forma parte del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), que ha heredado el actual Ejecutivo de Dilma Rousseff.

Sin embargo, es un proyecto que carga sobre sus espaldas con un rosario de polémicas desde que se empezó a hablar de él hace exactamente 20 años, hasta el punto que a Belo Monte se la conoce como “manzana de la discordia”, ya que su construcción fue siempre sistemáticamente obstaculizada por asociaciones de defensa del medio ambiente tanto nacionales como internacionales. No es la primera vez que las obras se paralizan por la Justicia brasileña aunque en las anteriores ocasiones el Gobierno ha recurrido y siempre ha conseguido que se retomaran los trabajos.

El Gobierno había corregido docenas de veces el proyecto y había destinado 1.200 millones de dólares a reducir el impacto negativo de una obra faraónica incrustada en el corazón de la Amazonia, con gran impacto social sobre las poblaciones indígenas de los alrededores.

La empresa responsable de la obra, Norte Energía, ha respondido a este periódico que la empresa "no hará declaraciones porque no recibió ninguna determinación legal referente la decisión judicial publicada". La compañía asegura en su página web que el 11 de julio pasado llegaron a un acuerdo con los representantes indígenas por el que estos desocuparían parte del territorio en el que se estaban ejecutando las obras. Los protestantes, pertenecientes a las etnias juruna, xikrin, arara, kaiapó e parakana, llevaban acampados desde el 21 de junio.

Situada en el río Xingú, la obra deberá levantarse a 40 kilómetros de la ciudad de Altamira, en el Estado de Pará. El proyecto pretende convertirse en la tercera mayor hidroeléctrica del mundo después de las Tres Gargantas de China y de la presa de Itaipú, en la frontera brasileña-paraguaya y gestionada por ambos países. Belo Monte podría producir en el futuro el 10% de la energía del país, con una potencia de 11.233 MW.