España trata de repatriar sin cargos al dirigente del PP que conducía el coche

La diplomacia española maniobraba este martes contrarreloj para evitar que el accidente en el que perdieron la vida el pasado domingo los disidentes Oswaldo Payá y Harold Cepero desencadene una nueva crisis diplomática con Cuba. Por segundo día consecutivo, Ángel Carromero, vicesecretario general de Nuevas Generaciones (NN GG) en Madrid, permanecía bajo custodia policial en la comisaría de Bayamo, a casi 800 kilómetros de La Habana, donde se produjo el accidente. Carromero acudió a declarar tras ser dado de alta en el hospital de la localidad, donde le atendieron de heridas leves, al igual que al presidente de la Liga de la Juventud Demócrata Cristiana de Suecia (KCU), Aron Modig. Este último, que iba en el asiento del copiloto, fue autorizado a volver a La Habana, pero no así el político español, que conducía el vehículo y a quien la policía retuvo para tomarle declaración.

Según fuentes diplomáticas, Carromero explicó que había perdido el control del coche al intentar esquivar un bache. Al parecer, no vio la señal de tráfico que le indicaba que redujera la velocidad por adentrarse en un tramo en obras. Una portavoz de la Oficina de Información Diplomática (OID) aseguró que Carromero no estaba detenido, sino retenido, y que recibía un “trato correcto” por parte de las autoridades cubanas, que “aplican el protocolo previsto para los accidentes de tráfico”.

Dicha portavoz agregó que Carromero había pasado la noche “en unas dependencias policiales”, aislado de otros detenidos por delitos comunes, y que contaba con la asistencia del cónsul español en La Habana, Álvaro Kirpatrick, quien permanecerá en Bayamo hasta que el dirigente de NN GG quede en libertad y pueda volver a España.

El objetivo de las gestiones realizadas por el embajador español en Cuba, Juan Francisco Montalbán, y altos cargos de Exteriores es evitar que se presenten cargos contra Carromero por presunta imprudencia con resultado de muerte, lo que complicaría su puesta en libertad.

Hay precedentes para no minimizar ese riesgo. En 1997, un turista español estuvo tres semanas detenido tras sufrir un accidente de tráfico en el que resultó herida una mujer. El caso se complicó por unas explosivas declaraciones del entonces ministro de Exteriores, Abel Matutes, quien amenazó con “recomendar a los ciudadanos españoles que no viajen a Cuba por falta de garantías jurídicas”.

Ahora, la diplomacia española se ha movido con gran cautela, pero no así el Grupo Popular, cuyo portavoz, Alfonso Alonso, se quejó ayer de que el PSOE hubiera vetado la aprobación de una declaración institucional del Congreso en apoyo al compromiso político y la lucha por las libertades en Cuba encabezada por Oswaldo Payá.