La nueva oveja negra de Europa

La crisis desencadenada por el primer ministro rumano, Victor Ponta, va más allá de la acostumbrada inestabilidad de la política rumana —él es el tercer primer ministro nombrado en lo que va de año—. El objetivo era lograr la suspensión como presidente de su archienemigo, el conservador Traian Basescu. Ahora que ya es un hecho, será sometida a referéndum el 29 de julio. Sorin Ionita, presidente de Expert Forum, un think tank de Bucarest especializado en gobernanza, considera que en Rumanía hay ahora “un estado de suspensión constitucional”. Alemania ha criticado a Bucarest, igual que Bruselas, que teme que nazca, después de Hungría, una nueva oveja negra.

El mecanismo de la ofensiva institucional ha consistido en eliminar, varias veces mediante decreto, cualquier posible obstáculo. ¿Que el presidente del Senado es, por ley, el que sustituye al presidente del país cuando este es suspendido? Se elimina al que hay y se coloca a un afín, Crin Antonescu, para que, tras la votación de suspensión, sea el próximo presidente interino —como ha ocurrido—. ¿Que el presidente de la Cámara baja puede impedir que se vote en sesión extraordinaria la suspensión de Basescu? Se le destituye. ¿Que el Defensor del Pueblo es el único capaz de vetar un decreto de urgencia del Gobierno, como el que recorta poderes al Constitucional? Se pone a otro que no proteste. ¿Que puede hacer falta acelerar algún decreto? Se asume el control del equivalente rumano al BOE —hasta hace dos semanas, supervisado por el Parlamento— y como las medidas solo entran en vigor cuando se publican, eso ocurre cuando el Gobierno quiere.

La confusión y la incertidumbre sobrevuelan todo el proceso, que ha repercutido en sucesivas bajadas de la moneda del país, el leu, en un momento de recesión y cuando los ciudadanos sufren severos recortes. En principio, Ponta ha usado la artillería pesada para dejar fuera de juego a Basescu, a quien acusa de interferir en el día a día de la política abusando de sus atribuciones. El presidente, en Rumanía, tiene un poder considerable, ya que además de ejercer la alta representación exterior del país, puede vetar las candidaturas a fiscal general y proponer al jefe de los servicios secretos, por ejemplo.

Sin embargo, hay quien cree que el Gobierno rumano no ha empleado semejantes maniobras solo para suspender al presidente. Interpretan que detrás está la corrupción, muy enquistada en el país, y remontan el inicio de la crisis al 20 de junio. Ese día, Adrian Nastase, que cumplía 62 años, se pegó un tiro cerca de la garganta en un intento de suicidio que quedó en heridas. El primer ministro (2000-2004) con el que Rumanía entró en la OTAN y negoció la adhesión a la UE había sido condenado a dos años de cárcel por corrupción en marzo y ese día se ejecutaba la orden de prisión, que ya cumple.

“Esa condena ha sido como una descarga eléctrica para toda la clase política”, explica Sorin Ionita. “En los últimos cinco años ha habido avances en la lucha contra la corrupción. Antes los políticos tenían una fuerte sensación de impunidad y con este fallo ha saltado por los aires. Hay varios casos de corrupción pendientes próximos al Gobierno y, presionado por miembros de su partido y de sus aliados, Ponta tenía que mover ficha ahora, antes de las elecciones de noviembre”. Cristina Guseth, de Freedom House en Rumanía, coincide con este análisis y argumenta que “el objetivo último de estas maniobras es controlar la justicia”.

La crisis rumana recuerda al reciente conflicto de Hungría con la UE, aunque en Rumanía no se ha alterado la Constitución. Budapest aprobó una nueva Carta Magna que socavaba los principios democráticos y leyes que atentaban contra la libertad de prensa y que minaban la independencia de la autoridad de protección de datos y la del Banco Central. Esta última norma acabó con la paciencia de Bruselas, que en diciembre suspendió las negociaciones con Hungría para darle, junto con el FMI, un crédito de 20.000 millones de euros hasta que se garantizara la independencia del banco. Después de meses de tensión, la UE se dio por satisfecha con los cambios legales de Budapest.

El proceso de adhesión de Rumanía a la UE, que culminó en 2007, ya fue en sí espinoso, sobre todo a causa de la corrupción. El último informe de Transparencia Internacional, de diciembre pasado, constata la fragilidad de las instituciones democráticas y señala lo mucho que queda por hacer en este sentido a un país que todavía lucha por desprenderse de la cultura política heredada del comunismo. Para Cristina Guseth, lo que ha ocurrido es que “la antigua nomenklatura se ha convertido en cleptoklatura”.