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Putin aprueba la ley que convierte a las ONG rusas en “espías”

La Duma obliga a que las ONG que reciben ayuda internacional sean "agentes extranjeros"

Las organizaciones recurrirán al Constitucional para que se pronuncie

El Parlamento aprueba la ley, pese a la oposición de los activistas cívicos

Vladimir Putin en un encuentro con miembros del Consejo de Seguridad Ruso el día de la aprobación de la ley.
Vladimir Putin en un encuentro con miembros del Consejo de Seguridad Ruso el día de la aprobación de la ley. AFP

La Duma Estatal de Rusia (cámara baja del parlamento) ha aprobado en primera lectura la ley que obligará a presentarse como “agentes extranjeros” a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que realizan actividades susceptibles de ser calificadas como “políticas” y reciben ayudas financieras internacionales. Esta ley, un proyecto de Rusia Unida (RU), --el partido gubernamental mayoritario en la cámara--, obtuvo 323 votos a favor y cuatro en contra. A favor, además de RU, votaron el partido Liberal Democrático del populista Vládimir Zhirinovski y apróximadamente una tercera parte de los diputados del Partido Comunista, que la apoyaba. El grupo parlamentario Rusia Justa, de carácter socialdemócrata, se oponía al documento y en su mayoría no votó.

La Duma, formada por 450 diputados, abordará la polémica ley la semana próxima en segunda lectura con la intención de que entre en vigor con la mayor celeridad, para lo que se requiere la aprobación del Consejo de la Federación (cámara de las regiones) y la firma del presidente, Vladímir Putin. Representantes de ONG rusas ya han manifestado su intención de acudir al Tribunal Constitucional para que se pronuncien contra una ley que consideran humillante y antidemocrática y que además permite calificar como “políticas” un amplio abanico de actividades si su móvil es querer influir en la sociedad o en los mecanismos de toma de decisiones.

En Rusia, la combinación formada por las palabras “agente” y “extranjero” se asocia mentalmente con la palabra “espía”, como consecuencia del siniestro uso histórico de esta catalogación, especialmente para sembrar el terror durante el estalinismo.

La ley fue presentada a la Duma inicialmente por seis diputados de RU a los que se han unido ahora otros tres del LDPR y, simbólicamente, todo el grupo parlamentario de RU, lo que parece una respuesta a los llamamientos de parte de la oposición para que los promotores del documento sean incluido en las listas (en trámite de aprobación en EE UU) de personas indeseables por su supuesta vinculación con la muerte en prisión del abogado Serguéi Magnitski.

En defensa de la ley, el comunista Vladímir Kashin atribuyó el desmoronamiento de la URSS a las acciones hostiles extranjeras y opinó que en Rusia hay “demasiadas” organizaciones con financiación internacional infiltradas en los órganos de poder, incluido el Legislativo. Según Kashin, estas organizaciones “esperan la hora X para acometer la tarea que les ha sido encomendada”. Por su parte, el diputado Iliá Ponomariov, de RJ, manifestó que, con la aprobación del documento, el “partido de los estafadores y ladrones” se transforma en el verdadero partido de “agentes extranjeros” por cuanto la ley, a su juicio, amplía el cisma existente en la sociedad rusa. Ponomariov dijo que también la Iglesia Ortodoxa Rusa puede ser afectada por la ley, ya que recibe fondos del extranjero tras haberse unido con sus correligionarios de la iglesia ortodoxa rusa en el exilio, con sede en EEUU.

“Nunca y bajo ninguna circunstancia, nuestra organización se registrará como agente extranjero”, había manifestado el jueves la octogenaria Liudmila Alekséyeva, que preside el Grupo de Helsinki de Moscú, una de las más veteranas ONG dedicadas a los derechos humanos en Rusia.

A la ley se opone también el presidente de la comisión de desarrollo de la sociedad civil y derechos humanos, Mijaíl Fedótov, y otros analistas y políticos críticos, que el jueves polemizaron con representantes de Rusia Unida (RU o partido del Gobierno) sobre el documento, considerado otra de las piezas en la ofensiva del Kremlin contra la oposición. “En el léxico ruso, la expresión es ofensiva”, manifestó el politólogo Glev Pavlovski, según el cual el documento ocasionará “una reacción en cadena” y sólo busca “marcar” a las ONG más importantes.

A principios de junio, la Duma Estatal aprobó otra ley que endurece las condiciones para realizar mítines y las sanciones por las transgresiones del orden público. Con la misma celeridad que fue tramitada aquella ley, se tramita ahora el nuevo documento, y como entonces y paradójicamente, se invoca la experiencia extranjera “de países civilizados” como referente. En concreto, se cita la legislación norteamericana (US Foreign Agent Registration Acts o FARA). Sin embargo, según dijo Rachel Denber de Human Rights Watch, FARA cubre las organizaciones e individuos que operan “bajo la dirección y control de un principio extranjero”, lo que no se aplica a las ONG que se benefician de fondos extranjeros para promover cambios de política. “Rusia está usando la existencia de esta ley norteamericana de forma inapropiada para justificar las nuevas restricciones propuestas sobre el trabajo de las ONG”, señala un comunicado de la organización Human Rights Watch. En Rusia, a diferencia de EEUU, no existe legislación sobre las actividades de los lobbies. Iliá Ponomariov dijo el viernes en la Duma que se debe entender la experiencia internacional antes de copiarla.

En 2006 el Kremlin ya impuso restricciones a las ONG con financiación extranjera, que están sometidas a un severo escrutinio por parte del ministerio de Justicia y del servicio de impuestos. El diputado Alexandr Sidyakin, que encabeza el grupo de responsables del proyecto de ley aprobado el viernes es también el autor de la ley que impuso restricciones en los mítines.

“Si el único camino es renunciar a la ayuda extranjera renunciaremos y viviremos pobremente”, subrayó Liudmila Alekséyeva. El grupo de Helsinki de Moscú fue fundado en 1966 y recibió su primera beca extranjera en 1993. Por su parte, Svetlana Gánnushkina, miembro de la dirección de Memorial y presidenta de “Ayuda Cívica” (dedicada a la emigración), manifestó que el término “agente extranjero” es un intento de desacreditar y humillar a los activistas ante la sociedad. Según Gánnushkina, se trata de una “ley farisea” que “quiere engañar a la sociedad, haciendo como si escondiéramos dinero”. “Ya hoy nos miran con microscopio”, añadió, y opinó que el verdadero “agente del extranjero” es quien se ha inventado esta ley que divide a la sociedad.

Los defensores de derechos humanos explican que no es fácil conseguir financiación por parte del empresariado ruso para proyectos que pueden entrar en conflicto con las autoridades, ya que los empresarios dependen de los gobernantes, a mayor y menor nivel. Por su parte. Lilia Shibánova, directora ejecutiva de Golos (observación electoral), manifestó que su organización pondrá en marcha nuevos métodos de recogida de fondos, a través de Internet. A su vez, el analista Maksim Shevchenko, que trabaja en temas culturales y religiosos en el Cáucaso, dijo que con la tarjeta de visita de “agente extranjero” difícilmente se puede conseguir investigar temas como las torturas o los abusos policiales que denuncian las ONG. La ley “tiene un carácter exclusivamente represivo”, manifestó Serguéi Mirónov, el jefe de RJ.

Según Borís Nemtsov, viceprimer ministro de Rusia en los años noventa, la ley va dirigida contra Golos, organización que denuncia la falsificación electoral, así como contra Amnesty International, por que denuncia la arbitrariedad y concede estatus de preso de conciencia, y contra la entidad Transparency International, porque denuncia la corrupción. Según el analista Nikolái Zlovin, el ministerio de Defensa de Rusia es la primera institución que recibe dinero de EEUU para distintos programas conjuntos, como por ejemplo el desguace de instalaciones nucleares obsoletas o la destrucción de armas químicas.