El Congreso de EE UU declara en desacato al fiscal general

En medio de una fuerte división política, la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha votado a favor de declarar en desacato al fiscal general, Eric Holder, por negarse a entregar documentos secretos relacionados con una operación de tráfico de armas en México. Esta votación, que contó con el respaldo unánime de los republicanos, supone al mismo tiempo un castigo para Barack Obama, que la semana pasada había usado sus privilegios presidenciales para retener esos documentos. Es la primera vez en la historia que la Cámara adopta una medida similar contra quien encabeza el Departamento de Justicia. Esta sanción no necesita ser refrendada por el Senado.

La iniciativa fue adoptada por 255 votos a favor y 67 en contra. Muchos demócratas, incluida su líder, Nancy Pelosi, decidieron ausentarse de la votación por considerarla una medida de carácter puramente político con intención de perjudicar a Obama a cuatro meses de las elecciones presidenciales.

El propio Holder declaró poco después de la votación que ésta “es la culminación lamentable de lo que ha sido una investigación políticamente motivada en un año electoral”. Un portavoz de la Casa Blanca coincidió con ese juicio.

Tras esta votación, la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, intentará forzar por vía judicial la entrega de esos documentos, lo que puede dar lugar aún a una larga batalla jurídica de final imprevisible.

La insólita actuación del Congreso está relacionado con un caso que se se conoce genéricamente como Fast and Furious (rápido y furioso), el nombre que la Agencia para el control del Tabaco, Alcohol y Armas de Fuego (ATF), una rama del Departamento de Justicia, dio a una operación de introducción de armas en México para seguir la pista que podría llevarles hasta los capos de los carteles de las drogas.

La votación es la culminación lamentable de lo que ha sido una investigación políticamente motivada en un año electoral” Eric Holder

Es conocido que esos ejércitos privados mexicanos se nutren de armamento en este lado de la frontera, donde comprar una un fusil o una ametralladora es tan fácil en algunos Estados como comprar un café. Se calcula que unas 2.000 armas cruzan diariamente de forma ilegal la línea divisora entre México y EE UU.

Esa fue precisamente la cantidad que, aparentemente, la ATF introdujo en 2009 con la esperanza de llegar hasta los últimos responsables de ese tráfico. La operación concluyó en un fiasco cuando se comprobó que una de esas armas había acabado sirviendo para asesinar a un agente de la policía fronteriza norteamericana.

A partir de ahí, los republicanos, capitaneados por el presidente del comité de Supervisión del Gobierno en la Cámara de Representantes, Darrell Issa, iniciaron una investigación para la que solicitaron documentos a Holder. Éste, al principio, negó la existencia de Fast and Furious, pero después acabó poniendo en manos del Comité 7.600 papeles relacionados con ese episodio.

No los que quería Issa, quien cree ver en todo este asunto un intento de parte de la Administración de limitar la venta de armas en los Estados de la frontera con México. Ante la presión de los republicanos, Obama, hasta ese momento ajeno al conflicto, tuvo que involucrarse, y el pasado día 20 hizo uso por primera vez de sus privilegios presidenciales para mantener los papeles reservados. El martes mismo hubo un último intento de negociación entre la Casa Blanca y los republicanos para evitar la votación de este jueves, pero ese intento fracasó y ahora se ha producido un choque entre poderes constitucionales que puede ser delicado de manejar.

La insólita actuación del Congreso está relacionado con un caso que se se conoce genéricamente como 'Fast and Furious'

Desde el punto de vista legal, los republicanos no tienen muchas posibilidades de llegar muy lejos. Aunque la votación favorable de la Cámara debería dar lugar al nombramiento de un fiscal independiente para resolver el conflicto, en situaciones anteriores no se ha nombrado ese fiscal o éste siempre ha acabado reconociendo el derecho del Gobierno a mantener ciertos secretos.

Desde el punto de vista político, sin embargo, se crea una situación muy difícil para Holder e incómoda para Obama. Retener documentos, por mucho que esté justificado por lo delicado de la materia que tratan –y esta lo es por múltiples razones de seguridad y de política exterior-, crea siempre una imagen de uso arbitrario del poder que no es lo más recomendable en periodo electoral.

Muchos creen ver en este asunto la mano de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), el poderoso lobby de defensa de las armas, que había pedido a los congresistas que votaran a favor de la reprobación de Holder, anunció que observaría el comportamiento de cada cual y advertió que actuaría en consecuencia. La NRA, que comparte la sospecha de que Obama pretendió usar Fast and Furious para limitar las armas de fuego, es uno de los mayores contribuyentes a las campañas electorales. Precisamente, los únicos 17 congresistas que votaron a favor de la reprobación pertenecen a Estados de fuerte implantación de la NRA y pelean por una difícil reelección en noviembre.