Una huelga policial paraliza Bolivia

El acuerdo firmado entre el Gobierno de Bolivia y los dirigentes sindicales de la policía en la madrugada del domingo no ha logrado acabar con el motín policial que ha dejado al país sin agentes desde el pasado jueves. La tropa rechaza el documento y ha decidido seguir con las protestas. El Gobierno, por su parte, sigue hablando de una “conspiración” contra el presidente, Evo Morales.

Los ministros del Interior, Carlos Romero, y de Finanzas, Luis Arce, y los delegados de los amotinados y de las esposas de los policías suscribieron la madrugada del domingo un acuerdo que estableció un aumento salarial de 22 euros, retroactivo a enero, entre otros puntos adicionales. Ayer, en un acto público, los agentes calificaron el acuerdo de “burla”, quemaron el documento y desconocieron a sus representantes. Los policías han emplazado al Gobierno a reanudar el diálogo con los delegados de tropa de los nueve departamentos del país, en un plazo de 12 horas, para no endurecer aún más su protesta.

La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, ha reiterado a la prensa el convencimiento gubernamental de la existencia de elementos subversivos alentados por grupos de mandos medios de la policía y por partidos de oposición como Unidad Nacional y el Movimiento Sin Miedo.

Dávila esgrime un supuesto informe de “inteligencia” del Estado que sugiere un “escenario de golpe” a partir del motín en la policía, de la “presencia de infiltrados” y la llegada a La Paz de la columna de miles de indígenas de las tierras bajas, que, tras una penosa y esforzada caminata de más de 50 días, arriba a esa ciudad para pedir el Gobierno el respeto a su territorio en el Parque Nacional Isiboro Sécure, por donde está previsto que pase una carretera.

“Cuando decimos un escenario de golpe, nos referimos a una preparación en marcha que no sabemos a qué apunta. Tenemos que decir claramente que no puede ser otra cosa que desestabilizar al Gobierno o provocar un golpe de Estado”.

La existencia de “un escenario de golpe” ha sido desmentido por la misma tropa amotinada, que ha asegurado que su demanda es netamente económica y social y ha rechazado cualquier vínculo político partidario. La preocupación entre los policías es lograr su objetivo de nivelar su salario al percibido en las Fuerzas Armadas, anular la ley de régimen disciplinario y conseguir una jubilación digna. Varios de los amotinados han pedido al Gobierno que no intente enfrentarlos a grupos campesinos afines al gubernamental Movimiento al Socialismo y mucho menos a los militares, pues están decididos a todo.

La tensión en el país puede advertirse en las calles, por donde transitan ciudadanos nerviosos ante la ausencia de la policía, incluida la de tráfico. Los bancos han reiterado que no abrirán las puertas al público mientras no haya una solución al conflicto de los amotinados, que cuentan con creciente simpatía social en casi todas las ciudades bolivianas.