La privatización de las grandes empresas desata la violencia en Panamá

Un proyecto de ley para vender las acciones del Estado en empresas de telefonía y de electricidad y otro para ratificar la designación de tres magistrados de una nueva sala del Supremo han desatado choques y graves tensiones en Panamá. La dura protesta de la oposición y los desórdenes en los alrededores de la Asamblea Nacional, en la que debía debatirse el martes los proyectos, indujeron al presidente Ricardo Martinelli a retirar ambas propuestas legislativas, según anunció en un mensaje televisado.

En la mañana del martes, el Gobierno de Panamá había rodeado la Asamblea Nacional (Congreso) con un importante despliegue de fuerzas policiales antimotines, que lanzaron gases lacrimógenos para intentar dispersar a simpatizantes de la oposición que protestaban e intentaban entrar en el recinto. Los manifestantes lanzaron piedras contra la policía, diputados opositores se vieron involucrados en los enfrentamientos y un agente de policía llegó a colocar su arma sobre el pecho de uno de los legisladores.

Los parlamentarios, apoyados por un público enardecido, derribaron una de las vallas erigidas por los policías y lograron penetrar junto a grupos de simpatizantes de la oposición, en unos hechos que fueron una violenta prolongación de la secuela de un lunes de zafarranchos entre legisladores oficialistas y opositores enfrentados por la privatización.

“Es un asalto a la democracia”, denunció Juan Carlos Varela, vicepresidente de Panamá pero que desde hace varios meses discrepa de las iniciativas del presidente Martinelli, mientras negociaba con policías para que le permitieran entrar a la Asamblea en momentos en que proseguía el lanzamiento de gases para dispersar a los manifestantes antigubernamentales.

Varela, que logró entrar, sostuvo que el Gobierno de Martinelli “está vendiendo el patrimonio y los ahorros del pueblo. Es una lucha cívica para defender el patrimonio del pueblo”. Sin embargo, recalcó que la batalla va más allá del conflicto por la venta de las acciones del Estado panameño en las empresas energéticas y de telecomunicaciones y se extiende a la defensa de la democracia. La oposición sospecha que, a través de la elección de los nuevos magistrados, Martinelli intenta abrir la vía para su reelección en 2014, prohibida según las normas de la Constitución vigente. El presidente asegura, sin embargo, que no tiene ninguna intención de volver a presentarse.

En el mensaje al país por cadenas de radio y televisión, Martinelli llamó "a la paz y a la reflexión" y solicitó "a todos los sectores del país unirse”. Tras el mensaje presidencial, sin embargo, la violencia persistía en los alrededores de la sede del Poder Legislativo.

“Esto está militarizado”, dijo Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), que encabezó una marcha que llegó a las cercanías de la Asamblea y a la que se unieron distintos gremios panameños.

Panamá ha sido sacudida desde hace varios meses por frecuentes choques de policías con indígenas y universitarios, en medio de un creciente descontento contra el estilo de gobierno del presidente, a quien se acusa de autoritario. Para este miércoles está programada una marcha antigubernamental en la capital.

El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, instó a los panameños a la calma, luego de los choques en el escenario legislativo. “No se pueden enfrentar panameños con panameños”, lamentó.