Martinelli admitió que el sistema judicial de Panamá "no es fiable"
La embajada no participó en un acto para manifestar su desagrado por el deterioro institucional en el estratégico país centroamericano
El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, admitió ante una delegación del Congreso de Estados Unidos que "el sistema judicial panameño no es fiable", según un cable diplomático de la legación norteamericana, preocupada por la interferencia política en el cumplimiento de los contratos firmados por compañías de EE UU. Panamá es un país estratégico para Washington porque administra el canal que une los océanos Índico y Pacífico, cruzado por los grandes cargueros estadounidenses. Un cable fechado en el 2010 recoge las protestas de firmas norteamericanas, que atribuyen al gobierno de Martinelli haber cambiado reglas de juego pactadas con anterioridad a su investidura, el primero de julio del 2009. "Las medidas adoptadas por Martinelli significa que no ha cumplido con sus promesas de certidumbre", señala un despacho.
El reconocimiento que hace el gobernante sobre los problemas de seguridad jurídica en Panamá, "hablando francamente", viene recogida así por la embajadora, Bárbara Stephenson, que confía en un futuro cambio de orientación: "el presidente Martinelli informó a la delegación que la principal razón por la que Panamá sigue interesada en un Tratado de Libre Comercio es para atrae inversión extranjera directa. Hablando francamente, admitió que el sistema judicial panameño no es fiable (un criterio compartido por los análisis del Banco Mundial y Foro Económico Mundial) por lo que (encontrar) un mecanismo que dirima las disputas entre el Estado y los inversores es un factor fundamental para aumentar la confianza de los inversores". Panamá, según los informes, corre el peligro de perder su reputación como un lugar aconsejable para invertir y su reputación como centro financiero global perdió crédito.
Pese al reconocimiento de la fragilidad del sistema judicial, el propio presidente poco ha hecho para fortalecerlo y, contrariamente, según los cables, maniobró para colocar en el Tribunal Supremo a magistrados de su confianza, y para defenestrar a la Fiscal General, Ana Matilde Gómez, a fin de legitimar cualquier acción del ejecutivo contra sus rivales políticos. Milton Enriquez, presidente del Partido Popular, hermano del ministro de Comercio, dijo a un funcionario de la embajada que el apartamiento de la Fiscal General "reafirma la percepción de que el poder judicial está manipulado por otros poderes que quieren controlar la Fiscalía General".
El coste que Panamá deberá encajar por sus déficits antidemocráticos "no solamente se reducen a los problemas institucionales o constitucionales. Con el deterioro de la independencia del sistema judicial y la ausencia de mecanismos para garantizar el cumplimiento de los contratos, el clima inversor y empresarial sufrirá las consecuencias". Los funcionarios norteamericanos recuerdan en sus despachos que países cuyas instituciones se deterioraron acabaron facilitando la irrupción de líderes populistas que erosionaron todavía más las instituciones encargas de equilibrar los poderes.
La sociedad civil no ha podido, según la embajada, contrarrestar a Martinelli, y apenas se moviliza e incluso parece aceptar "la gradual erosión de la independencia de las instituciones. La embajada atribuye al carácter vengativo de Martinelli el temor de muchos a asistir las concentraciones antigubernamentales. "Creemos que la reputación de Martinelli de que castiga (a sus oponentes) lanzándose sobre los intereses económicos de la gente, a través de la cancelación de contratos con el gobierno, el envío de inspectores de Hacienda a sus negocios, etc."
A fin de dejar patente su inquietud por el debilitamiento institucional del país, la embajada propuso a Washington no participar en una reunión encaminada a reactivar la inversión estadounidense "y explicar al gobierno de Panamá el por qué no podemos presentar a Panamá como un gran lugar para invertir". Los despachos diplomáticos hacen referencia al deterioro del clima inversor: "el principal cambio es que ahora los inversores no tienen la certeza de que los cálculos políticos no serán un factor en el cumplimiento de los contratos. Cada contrato podría llegar a ser sólo válido durante los cinco años del período presidencial". Reconocen, sin embargo, que la interferencia política en los contratos obedece no sólo a las maniobras de Martinellli sino "a la histórica debilidad del sistema judicial".
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