Las concesiones israelíes ponen fin a la huelga de hambre de los presos palestinos
La protesta amenazaba con incendiar Gaza y Cisjordania
Un acuerdo entre Israel y el más del millar de presos palestinos en huelga de hambre ha puesto fin a la protesta, que amenazaba con incendiar los territorios palestinos y que ha mantenido a 1.600 presos sin comer durante 28 días. El ayuno de al menos dos de ellos ha durado más de dos meses. El pacto, mediado por Egipto, concede a los presos buena parte de sus demandas, relacionadas con las condiciones de su encierro.
“El acuerdo contempla la liberación de aquellos que hayan cumplido el periodo de su orden de detención administrativa [encierro sin cargos], que podrá llegar hasta los seis meses. Sólo permanecerán encerrados en el caso de que se hallen nuevas pruebas”, explica Sivan Weizman, portavoz de las instituciones penitenciarias israelíes. El pacto pone fin además al aislamiento de una veintena de prisioneros, y permitirá a partir de ahora las visitas de los familiares en primer grado de parentesco de unos 400 presos procedentes de la franja de Gaza, según las mismas fuentes.
“Lo que no está claro todavía es cómo se va a aplicar este acuerdo. Faltan muchos detalles por conocer, especialmente en relación con la detención administrativa”, indica Sahar Francis, directora de Adameer, la asociación de presos palestinos que representa legalmente a cientos de ellos. El lunes por la mañana, los rumores de un acuerdo inminente fueron cobrando fuerza. Horas más tarde, los líderes de los grupos de prisioneros se reunían en la prisión de Askelón, al sur de Israel, para estudiar el pacto mediado por Egipto. A última hora de la tarde, terminaron por dar el visto bueno al documento.
La huelga, declarada el pasado febrero y a la que se sumaron cientos de presos en abril, ha ido ganando fuerza con el paso de los días y ha logrado captar la atención mundial sobre las condiciones en las que permanecen encarcelados los cerca de 4.800 presos palestinos en cárceles israelíes. En especial, sobre la llamada detención administrativa por la que Israel detiene y en la actualidad mantiene encerrados sin cargos a 308 sospechosos durante meses y años.
Las asociaciones de derechos humanos critican la medida y piden que se juzgue o se libere a los palestinos encerrados en detención administrativa. La Unión Europea pidió la semana pasada a Israel que se informe a los presos “de las razones de su detención y que se les someta a un juicio justo sin dilación”. La UE pidió además a Israel que preste la asistencia médica necesaria para los huelguistas. Israel considera estas detenciones necesarias para su seguridad y alega que no puede hacer públicas las acusaciones porque supondría poner en riesgo la vida de los informadores.
Las autoridades penitenciarias israelíes impusieron una serie de castigos a los presos tras la captura del soldado israelí Gilad Shalit en 2006, entre ellas la prohibición de visitas de los familiares de los presos de la franja de Gaza. Shalit fue canjeado hace siete meses por cerca de 1.000 presos palestinos, pero sin embargo, las sanciones no fueron revocadas.
Desde que los huelguistas se declararon en huelga, han proliferado las manifestaciones y actos de solidaridad con los reos en todo el mundo, y especialmente en los territorios palestinos, donde los presos son considerados héroes nacionales. El presidente palestino, Mahmud Abbas, advirtió el domingo de un “desastre nacional” en el caso de que alguno de los huelguistas muriera. Abbas se refería al caso de los siete reos que llevaban más de mes y medio sin comer, y en particular a Bilal Diab y Thaer Halahla, que ayer cumplieron 76 días en huelga de hambre y que permanecían encerrados en virtud de la detención adminsitrativa. Physicians for Human israelí, encargada de supervisar la salud de los reos, ha advertido en los últimos días que Diab y Halahla se encontraban al borde de la muerte. El pasado lunes, Francis, de la asociación Adameer dijo que los dos presos se encontraban en un estado de salud “crítico. No sabemos cómo van a evolucionar”.
Tony Blair, enviado del cuarteto para Oriente Próximo –Estados Unidos, UE, Rusia, Naciones Unidas-, pidió a Israel que “tome todas las medidas necesarias para prevenir un resultado trágico que puede tener serias implicaciones para la estabilidad y la seguridad sobre el terreno”. Lo inusual de este llamamiento da una idea de la gravedad que ha alcanzado de este asunto, que según políticos y analistas se encaminaba hacia una tercera Intifada.
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