El exilio cubano gana una batalla en Florida con un esperpento legislativo

El poder del exilio radical cubano en el sur de Florida no parece discutible. Muchos años de logros lo atestiguan. Pero es un poder muy relativo, con límites, 53 años después de un castrismo sin fin. Es una larga historia de múltiples batallas perdidas frente a victorias solo puntualmente grandes en los éxitos de vida personales de algunos exiliados, pero siempre a 90 millas de su tierra añorada. Por eso la guerra no ha terminado y las peleas pueden ser incluso surrealistas, como la última teóricamente ganada, también de incierto futuro. Es la del enredo de una ley que puede ser inútil; el cuento de la tomadura de pelo de un gobernador que quiso quedar bien con dios y con el diablo. Un auténtico esperpento.

Los tiempos son cada vez más críticos con la vieja postura radical de Estados Unidos con Cuba. El senador demócrata por Nuevo México y presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales, Jeff Bingaman, es el último que acaba de pedir el fin del embargo, el restablecimiento de relaciones diplomáticas y que la comunidad cubanoamericana deje de marcar la política exterior en lugar de los intereses nacionales. Pero el núcleo duro del exilio sigue en las antípodas y reaccionó nuevamente con virulencia porque, además, esperaba su pequeño momento de gloria. Apenas dos semanas después, el gobernador de Florida, Rick Scott, firmó la ley FHB 959, aprobada sin oposición por la legislatura estatal.

El objetivo de la norma es prohibir a las empresas que efectúan negocios con Cuba y Siria hacerlo con el Gobierno estatal y los municipales, es decir, beneficiarse de dinero público floridano en contratos por encima del millón de dólares. Tampoco se podrían invertir los suculentos fondos de pensiones en dichas empresas. Sin citarse explícitamente, es un claro castigo para firmas como la constructora gigante brasileña Odebrecht, que ha hecho grandes obras en Miami, como la terminal norte del aeropuerto, y estaba entre las favoritas a seguir con Airport City, un complejo enorme con dos hoteles en los alrededores y un presupuesto de 700 millones de dólares. Pero Odebrecht está trabajando actualmente en la modernización del puerto cubano del Mariel por una cantidad similar. Una afrenta aún mayor para los cubanos, porque desde allí salió la última gran estampida de exiliados en 1980.

La aprobación de la ley fue así un logro de la presión dura anticastrista surfloridana frente a las quejas de Brasil y Canadá, sobre todo, que acogen el mayor número de los dos centenares largos de empresas que están en el negocio. Nadie duda de que en el Parlamento de Tallahassee manda casi siempre el norte de Florida, mucho menos cubano. Pero no dejaba de ser un anexo lógico a la ya vigente ley que castiga a Irán y Sudán, países considerados en una lista del Departamento de Estado como patrocinadores del terrorismo.

Rick Scott admite que la iniciativa será impugnada en los tribunales

El acto de la firma tuvo incluso una ceremonia muy emotiva. El escenario fue la emblemática Torre de la Libertad en el centro de Miami, que conmemora el lugar donde llegaron los primeros cubanos huidos de la isla. Estuvieron presentes las fuerzas vivas del exilio intransigente. Scott, entre el entusiasmo general, llegó a declarar: “Lo que estamos haciendo es lo correcto para la libertad, la familia y el mundo”.

Sin embargo, apenas unas horas después de los aplausos llegó el chasco. Se conoció que el inefable gobernador divulgó una nota señalando que la ley “debería tener la aprobación del Congreso federal y del presidente Barack Obama”. Es decir, como si hubiera firmado en papel mojado y curándose en salud sobre algo ya sabido, que la política exterior del país no la marcan los Estados, sino Washington. La tomadura de pelo indignó a los entusiastas radicales, que se sintieron burlados. El representante federal David Rivera llegó a amenazar con llevar al gobernador a los tribunales. “Él no tiene más que dos poderes, vetar la ley o firmarla. Pero nada más. El que no esté de acuerdo, que vaya a la corte”.

El gobernador no tuvo más remedio que tratar de arreglar su desaguisado inmediatamente. “La ley es buena”, dijo en otro comunicado, “estoy orgulloso de haberla firmado y de enviar un mensaje claro a estos regímenes opresivos. Abogados constitucionalistas me han dicho que será impugnada en los tribunales, pero la firmé independientemente de ello y se convertirá en ley estatal el 1 de julio”. Los futuros demandantes, en cualquier caso, ya tienen el argumento perfecto para impedir que pueda prosperar: palabra de gobernador, nada menos. Según la mayoría de expertos, la ley, aparte de la mala imagen que supone para atraer inversiones extranjeras, más que entrar en vigor va a entrar directamente en juicios.

Scott, a seis meses de las elecciones nacionales, quiso contentar al aún potente electorado cubano conservador tras haberle negado medio millón de dólares para el Museo de Bahía de Cochinos, que conmemora la invasión fallida de exiliados en 1961. Pero no puede olvidar que es un empresario llegado al cargo a golpe de talonario, y sus medidas, algunas insólitas, han ido siempre en la mira del negocio privado, algo típico estadounidense. Incluso viajó a Brasil, como otros grupos empresariales, para fomentar las inversiones de este país, que ya son las más importantes en Florida. Su capacidad política es elocuente.

La norma afecta

Otros intentos paralelos de leyes estatales han tenido distinto resultado. Mientras fracasó una de Rivera sobre restricciones a los viajes (como la federal del también congresista Mario Díaz Balart y otro proyecto de Marco Rubio, el senador de origen cubano con más renombre actualmente), sí salió adelante una de menor tono económico, pero que podría crear jurisprudencia. Prohíbe a las universidades estatales disponer de fondos públicos para efectuar los viajes académicos promovidos por la administración Obama. Los defensores de la ley FHB 959, argumentan precisamente eso, que solo hace hincapié en el derecho estatal al buen uso de los fondos públicos, no de los privados, y que por ello no se necesita el permiso de Washington.

Después del acto de la firma se escucharon argumentos de líderes anticastristas como “es lo moralmente correcto para que el dinero de los contribuyentes no vaya a empresas que se lucran con tiranías oprobiosas”, o que las empresas “deben escoger entre la tiranía de Castro y el opresivo régimen de Assad o el mercado bueno y sano de Florida”. Pero es un contrasentido más en las relaciones con Cuba. Estados Unidos mantiene un embargo genérico, pero está entre los cinco mejores socios comerciales de la isla. Por “razones humanitarias” permite desde 2000 a empresarios de sus Estados, incluida Florida, vender a Cuba productos alimenticios, agrícolas y ganaderos, con la estupenda condición, además, de cobrar al contado. Es una forma hipócrita de evitar los créditos comerciales que impediría la Ley Helms-Burton del embargo. Es decir, business is business. Pero el exilio radical sigue con el discutible sistema de poner puertas a un campo que nunca se cerró del todo.

Frente a todo ello, esos mismos días, un centenar de exiliados aperturistas fueron a la Sección de Intereses Cubanos que tiene como representación diplomática el Gobierno de la isla en la Embajada suiza en Washington, y miembros del Instituto Brookings viajaron a La Habana para efectuar reuniones en busca de puntos de encuentro. Tal vez más puertas al campo, pero otros caminos.