Los argumentos de la tercera jornada en el alto tribunal

El Tribunal Supremo de Estados Unidos celebró este miércoles las dos últimas sesiones del juicio sobre la constitucionalidad de la reforma sanitaria de Obama. En la primera de ellas, los jueces escucharon argumentos sobre la viabilidad de la totalidad de la reforma en el caso de que la corte considere que el mandato individual, que obliga a los ciudadanos a contratar un seguro médico, es declarado inconstitucional. En la segunda, analizaron si la expansión de Medicare -el programa de asistencia médica para personas sin recursos- cambia la relación entre los Estados y el Gobierno federal.

“Si el mandato individual es inconstitucional, entonces el resto de la ley no es sostenible”, declaró Paul Clement, abogado de los 26 Estados denunciantes contra la ley, al comienzo de sus argumentos. “El resto de provisiones no solo no podrían operar, en realidad estarían actuando en contra del objetivo principal del Congreso, el de proteger a los pacientes y proporcionar una asistencia sanitaria asequible”.

Clement fue interrumpido inmediatamente por la juez Sonia Sotomayor, quien preguntó por qué debe decidir el Tribunal Supremo qué hacer con el resto de la ley -asumiendo siempre que el mandato individual fuese ilegal- y no se puede dejar en manos del Congreso. La juez Ruth Bader Ginsburg dejó entender después que prefiere que se mantenga el resto de la ley en el caso de que se declare inconstitucional el mandato individual, expresando que la corte se ve obligada a elegir entre “una operación de demolición o un trabajo de rescate”.

“Señor Clement, hay muchos aspectos de esta ley que son indudablemente positivos”, afirmó Ginsburg. “En una cuestión de decidir si todos los apartados son negativos, entonces tenemos que empezar de cero, o si hay algunas secciones que no tienen nada que ver con el mandato, entonces podemos preguntarle al Congreso qué quiere hacer con ellos”.

“Creo que el planteamiento es fundamentalmente diferente”, contestó Clement. “Porque si estuviéramos aquí discutiendo si algunos aspectos periféricos de la ley son inconstitucionales, entonces creo que los rechazarían al completo y no querrían ni empezar a pensar en cómo dividir la ley”, declaró en referencia a la selección de artículos que quedarían vigentes y los que deberían ser rechazados.

El juez Anthony Kennedy añadió después que permitir que las regulaciones sigan adelante si el mandato es censurado por el Tribunal Supremo. “Todavía no tengo claro cuál es el tipo de examen que debemos aplicar aquí, igual que ya ha pronunciado el juez Scalia”, afirmó Kennedy, presionando a Clement para que especificara hasta qué punto debe entrometerse la corte en las competencias legislativas del Congreso.

Kennedy también cuestionó las consecuencias económicas de la derogación de la ley al completo. “Asumiendo que hay una probabilidad sustancial de que se reduzcan a la mitad los 350.000 millones de dólares (263.000 millones de euros) que se recaudarían con el mandato individual si éste se anula, asumiendo que hay una posibilidad muy significativa de que eso ocurra, ¿debería este Tribunal asumir ese riesgo o podríamos decir que el Congreso tuvo la intención de que nos enfrentáramos a esta tesitura?”

"Creemos que el Tribunal no es el lugar para estudiar las implicaciones presupuestarias de la ley", contestó el asistente del abogado del Estado, Edwin Kneedler, defensor esta mañana de la legalidad de la reforma.

La postura del Gobierno de Obama es que el mandato individual queda dentro de la autoridad legislativa del Congreso, reconocida en el Artículo Primero de la Constitución norteamericana. Kneedler alegó que por este motivo, “no existe siquiera una razón por la que la corte deba considerar la sostenibilidad de la ley” en el caso de que el mandato sea declarado inconstitucional.

“¿Debemos rechazar la legislación al completo o dejamos que el Congreso decida?”, preguntó al abogado la juez Ginsburg. “Consideramos que debe decidir el Congreso”, contestó Kneedler.

El abogado y el juez Scalia mantuvieron después un intercambio sobre posibles antecedentes del Tribunal Supremo que ayuden a enmarcar su decisión acerca de la reforma:

SCALIA: ¿Alguna vez hemos anulado la parte principal de una norma y mantenido vigente el resto? ¿Recuerda algún caso?

KNEEDLER: No, no hay ningún ejemplo.

SCALIA: No, es cierto que no lo hay.

KNEEDLER: Pero tampoco hay ninguno que impida hacerlo ahora.

SCALIA: No conozco ningún otro antecedente en el que se nos haya hecho la petición sobre la que estamos debatiendo ahora. (...) “Mi perspectiva sería que si retiras el corazón de la ley, entonces la ley entera se cae. Lo que habilita al Congreso –si quisiera- para rehacer por completo la ley y a nosotros nos evita tener que ir letra por letra diciendo ‘esto es bueno, esto está mal, esto es bueno, esto está mal’. Reduce nuestras opciones pero mejora las del Congreso”.

El juez Scalia expresaría a continuación otra de sus preocupaciones: en qué medida afectará la sentencia del Tribunal Supremo al proceso legislativo. “Independientemente de si rechazamos la ley al completo o dejamos algunos de sus apartados en vigor, el proceso legislativo nunca volverá a ser el mismo”, alegó. “De un manera o de otra, el Congreso deberá revisar la ley, ¿por qué no es mejor que la revisen en su totalidad?” zanjó el juez.

La expansión de Medicaid, la cobertura sanitaria para personas sin recursos

En la última sesión del juicio, celebrada el miércoles al mediodía, Clement se enfrentó a cuestiones sobre el argumento de denunciantes, que sostienen que la legislación obliga a los Estados a aumentar la cobertura del sistema federal Medicaid y que proporciona asistencia sanitaria a personas sin recursos. La reforma del sistema sanitario obliga a los gobiernos estatales a cubrir los gastos médicos de más ciudadanos, al elevar el nivel mínimo de ingresos requeridos para acceder a las ayudas públicas. Los Estados han denunciado que esto elevará sus gastos, sin embargo, el Gobierno federal alega que acarreará con prácticamente con todo el coste -y que los Estados nunca aportarán más del 10% del gasto-, mientras que ahora apenas cubre el 57%.

"¿Por qué consideran que el enorme regalo que hace el gobierno federal es una obligación? Se trata de una gran cantidad de dinero público, a mí no me parece nada forzoso, si me permite”, declaró la juez Elena Kagan -miembro del Tribunal Supremo desde 2010 a propuesta del presidente Obama. Kagan pidió a Clement que argumentara por qué supone una obligación para los Estados participar en el Medicare incluso si el Gobierno accede a pagar el 100% de los costes de la expansión de la cobertura. Según el letrado, la obligación radica en imponer esa condición para participar en el programa.

La juez Ginsburg añadiría en respuesta que no recuerda “un programa federal que haya sido rechazado porque sea tan bueno que resulta obligatorio participar en él”, mientras que el juez Stephen Breyer sostuvo que el nuevo estatuto no impone ninguna condición a los Estados que no estuviera incluida en el programa Medicare desde su creación en 1965.

La opinión contraria fue manifestada por el juez conservador Scalia, en una de sus preguntas al abogado del Estado Donald Verrilli. “¿Puede pensar usted en un solo Estado que se vaya a negar a participar? Si no puede nombrar ninguno, entonces sí que suena a obligación”, dijo el juez.

Clement aprovecharía su conclusión final para enfatizar que el principal objetivo de la ley sanitaria de Obama era garantizar la mayor protección al paciente. Para el abogado -en representación de los 26 Estados denunciantes-, el mandato individual es la única forma de financiar esa protección por lo que un fallo contrario a su constitucionalidad implicaría la inviabilidad de la esencia de la ley y, por ende, de la totalidad de la reforma.