Un cuarto ministro de Piñera sale del Gobierno chileno por un conflicto social

El presidente chileno, Sebastián Piñera, ha aceptado la renuncia de su ministro de Energía, Rodrigo Álvarez, que el viernes presentó su dimisión tras ser excluido del pacto que puso fin al conflicto de 40 días en la región patagónica de Aysén. El jefe de Estado lo hizo en medio de su gira por Asia y después de que medios locales y parlamentarios oficialistas dieran a conocer públicamente la decisión del secretario de Estado.

La salida de Álvarez fue confirmada por el portavoz del Ejecutivo, Andrés Chadwick, quien indicó que la renuncia se hizo efectiva a través de una carta, sin precisar los motivos que argumentó el titular de Energía para dejar la cartera. Sin embargo, indicó que “ningún ministro puede anteponer razones personales” a “los objetivos de Gobierno”.

Es la cuarta vez que un secretario de Estado sale de la Administración de Piñera a causa de un conflicto social. En enero de 2011, renunció al cargo al entonces ministro de Energía, Ricardo Rainieri, tras las manifestaciones en la región de Magallanes por el alza del precio del combustible. En julio pasado, el presidente relevó al entonces titular de Educación, Joaquín Lavín, en medio de las movilizaciones estudiantiles. Lo reemplazó el abogado Felipe Bulnes, que lideró la cartera en los momentos más complejos de las protestas. Pero tras siete meses en el cargo, en diciembre pasado optó por dejar el Gobierno.

El presidente Piñera señaló en esa ocasión que la renuncia obedecía a motivos personales. Sin embargo, el propio Bulnes aclaró que su salida también estaba basada en razones políticas. Nunca estuvo de acuerdo, por ejemplo, con que el jefe de Estado, en contra de la estrategia de radicar el debate educacional en el Congreso, decidiera a fines de agosto invitar a los dirigentes a conversar en el palacio presidencial de La Moneda.

La renuncia del ministro Álvarez también es producto de diferencias de conducción con el Ejecutivo. Según lo publicado por el diario La Tercera, el secretario de Estado, que era el encargado oficial de buscar una solución con los pobladores de Aysén, se enteró por la prensa de que el Gobierno había decidido recibir a los dirigentes en el palacio presidencial el pasado jueves. Al día siguiente de ese encuentro, tres ministros se reunieron con los líderes de Aysén durante ocho horas. Juntos anunciaron el acuerdo que puso fin al conflicto del sur, que se inició el 13 de febrero y que dio lugar a cortes de caminos y el desabastecimiento de la zona. En ninguna de las dos citas participó el titular de Energía, cuyo liderazgo estaba siendo cuestionado por los patagónicos.

El pacto entre ambas partes contempló un bono extraordinario a la mano de obra y el establecimiento de una zona franca que incluye la venta de combustibles, una de las principales demandas de los habitantes de una zona donde la gasolina cuesta un 40% más que en otras ciudades del país. Esto causó la molestia de Álvarez, que nunca contó con el beneplácito presidencial para llevar adelante estas soluciones, aunque permaneció casi un mes negociando con los pobladores de Aysén, a 1.600 kilómetros al sur de Santiago.

La dimisión ha causado gran revuelo político en el país. La Unión Demócrata Independiente (UDI), partido aliado del Gobierno al que pertenece Álvarez, acusó a La Moneda de tratar “injustamente” al ministro. “Las descoordinaciones por parte de la autoridad política generaron esta situación que culminó en la renuncia”, señaló Juan Antonio Coloma, presidente de la formación oficialista, que ha mantenido una tensa relación con Piñera durante sus dos años de mandato.

El conflicto de Aysén ha provocado múltiples problemas al Gobierno chileno. No solo porque se tardó más de un mes en controlar el estallido social, sino porque tanto los habitantes de la zona como la oposición han denunciado violencia policial. El Ejecutivo, de hecho, hace diez días presentó querellas invocando la Ley de Seguridad Interior del Estado contra 22 ciudadanos. Tras la salida del ministro Álvarez se resiente aún más la relación entre La Moneda y sus socios de la UDI y, nuevamente, quedan al descubierto los problemas entre el presidente y sus secretarios de Estado a la hora de tomar decisiones clave.