Marejada política en Colombia

El pulso entre el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y su antecesor Álvaro Uribe, (2002-2010) entró en una nueva fase tras la caída de la fiscal general de la nación, cuya elección fue anulada el martes por un error de procedimiento. Mientras el mandatario tomó con cautela este monumental traspiés, círculos afectos al exgobernante se mostraron eufóricos.

Viviane Morales había llegado al cargo —considerado el segundo en importancia del país, incluso por encima del de vicepresidente de la República— el 12 de enero de 2011. Fue elegida por el voto de 14 de los 18 magistrados de la Corte Suprema en ejercicio, cuando según el reglamento debía recibir el respaldo de al menos 16. Por ese motivo, el Consejo de Estado anuló la elección.

En este año en el cargo, Morales se mostró como una mujer combativa que envió a la cárcel a algunos de los hombres más cercanos de Uribe, acusándolos de delitos diversos. El exmandatario denunció una campaña de difamación para manchar su legado, y sus allegados cuestionaban a la fiscal por su matrimonio con un controvertido exguerrillero vinculado con el narcotráfico.

Santos, heredero natural de Uribe, se alineó a favor de la fiscal calificándola de "valiente", "honesta" y "cumplidora de la ley", lo que aumentó su brecha con Uribe. Un abismo cada vez más profundo y que se ha evidenciado en aspectos clave de la vida política nacional. Mientras que para Uribe en Colombia no había conflicto armado sino acciones terroristas, para Santos sí, uno mantuvo una relación tensa con Hugo Chávez, el otro lo llama “mi nuevo mejor amigo”; uno se fajaba en agresivas disputas con las altas cortes, el otro cree que debe haber una relación de armonía.

Morales mandó a la cárcel a dos de los hombres más apreciados por Uribe. A su delfín y exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, señalado de haber incurrido en irregularidades en la entrega de millonarios subsidios agrícolas; y a su exsecretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, al que acusó de ser uno los responsables de montar una red de espionaje contra magistrados, activistas, periodistas y opositores de Uribe, escándalo conocido como las chuzadas.

Por último, la fiscal llamó a juicio al excomisionado de paz de Uribe, Luis Carlos Restrepo, sindicándolo de haber hecho un montaje con la desmovilización de una veintena de guerrilleros del frente Cacica La Gaitana de las FARC. La fiscalía considera que fue una maniobra para hacer creer en la opinión pública que el gobierno de Uribe era capaz de convencer tanto a paramilitares de extrema derecha como a terroristas de izquierda. Restrepo evadió las citaciones a la justicia y salió del país. De ser una de las personas que logró convencer a cerca de 40.000 hombres de dejar las armas para incorporarse a la vida civil, Restrepo se convirtió en un prófugo. Uribe vio en su caso el extremo de la provocación por parte de la fiscal.

Hace un par de meses surgieron dudas sobre Morales a consecuencia de su matrimonio con Carlos Alonso Lucio, un polémico personaje que fue miembro de la guerrilla del M-19, luego tuvo nexos con el cartel de Cali y, además, fue asesor de los paramilitares. Esta circunstancia fue aprovechada por los los allegados de Uribe para exigir su salida. “No quiero calificar la gestión de la fiscal pero me pregunto qué aparato judicial en el mundo va a confiar en otro en el que su cabeza está casada con una persona que fue guerrillero, asesor de paramilitares, condenado por la Justicia y hasta acusado por tener relaciones con el narcotráfico”, escribió el exvicepresidente de Uribe, Francisco Santos.

Paralelamente, el Consejo de Estado inició el estudio de una demanda en la que cuestionaba unas irregularidades procedimentales en su elección, que fue finalmente anulada este martes.

¿Qué tanto influyó Uribe en la decisión del Consejo de Estado? Hoy se hacen cuentas y se cree que muy poco. Porque de los 23 magistrados, solo cinco son reconocidos leales al exgobernante. "Sin embargo, aunque Uribe no hubiera tenido influencia, de carambola resultó ganador con este fallo", explica el analista Héctor Riveros. “Lamento que una mujer del carácter y liderazgo de Viviane Morales tenga que dejar su cargo”, dice Lucho Garzón, vocero y presidente del Partido Verde.

Santos, entre tanto, ha manejado el asunto con cautela. Ahora debe enviar una nueva terna para elegir fiscal y sabe que de su decisión puede tender un puente con Uribe, para obtener una mayor margen de gobernabilidad, o abrir una brecha definitiva, para empezar a construir su propio camino. Mientras que se abre una discusión porque algunos de los afectados por las decisiones de Morales ya preparan sus impugnaciones.