Cuenta atrás para la ejecución de un internauta en Irán

La familia del iraní Saeed Malekpour está convencida de que ha empezado la cuenta atrás. Según sus informaciones, la oficina del verdugo ya ha recibido la orden para la ejecución de este programador informático, de acuerdo con una sentencia ratificada el pasado enero que le encontró culpable de “insultar los sagrados preceptos islámicos”. Malekpour, de 36 años, fue juzgado y condenado en 2010 por su implicación en el diseño de páginas webs pornográficas. Reporteros Sin Fronteras (RSF) y otras organizaciones de derechos humanos han dado la voz de alarma para intentar evitar otra muerte fruto de acusaciones irrisorias y un juicio sin garantías.

“El caso de Malekpour es parte de un ataque generalizado al acceso libre y sin trabas a la información, sobre todo a través de Internet”, declara Hadi Ghaemi, el director de la Campaña Internacional por los Derechos Humanos en Irán. “Es un mensaje a todos los usuarios y programadores para que no trabajen en herramientas que ayuden a conectarse y compartir información”, explica por email. La organización pide que se suspenda de inmediato la condena a muerte y que se investiguen las acusaciones de tortura en prisión.

Malekpour, que trabajaba como programador y desarrollador de webs autónomo en Canadá, fue detenido en 2008 cuando viajó a Teherán para visitar a su padre enfermo de cáncer. Nadie avisó a su familia y durante casi un año estuvo recluido en una celda de aislamiento en la cárcel de Evin, sin acceso a un abogado. Hasta que un día apareció en un programa de la televisión local confesando sus supuestos delitos. Entonces quedó claro que había sido víctima de una operación de la Guardia Revolucionaria, el ejército ideológico del régimen, que detuvo a varios informáticos y blogueros en una campaña contra webs que considera instrumento de los países occidentales para corromper a los jóvenes iraníes.

La familia de Malekpour ha mantenido desde el principio que él diseñó un programa para subir y compartir fotos en Internet que fue utilizado, sin su consentimiento, para colgar fotos pornográficas. Activistas de derechos humanos y blogueros iraníes consideran la acusación de colaborar con páginas “indecentes” un mero pretexto.

“El régimen tiene verdadero miedo a la cooperación en red y a la formación de comunidades virtuales, que percibe como una amenaza al poder establecido, con independencia de que esas redes sean o no de carácter político”, insiste Ghaemi. Su opinión está respaldada por RSF, que esta semana denunció además la confirmación de las penas de muerte para otros dos internautas, Vahid Asghari y Ahmadreza Hashempour, y las condiciones de detención de otros seis periodistas y blogueros.

“En el actual contexto de tensión entre la República Islámica y la comunidad internacional, los periodistas independientes se encuentran en el punto de mira del régimen. El nivel de violencia contra los profesionales de los medios encarcelados se ha hecho intolerable”, señala RSF en un comunicado. Esa organización de defensa de la libertad de expresión pide que la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Navi Pillay, y el relator especial para Irán, Ahmed Shaheed, intervengan “cuanto antes para proteger a los periodistas e internautas en peligro”.

A los motivos políticos de la detención de Malekpour, se suman procedimientos judiciales llenos de irregularidades y violaciones de los derechos fundamentales. Amnistía Internacional calificó en su día de “injusto” el juicio, apenas 15 minutos durante los cuales el acusado no tuvo ocasión de defenderse. Además, en una carta que logró enviar desde la prisión, contó que había sido torturado para que se autoinculpara. En una ocasión, relataba, los interrogadores le desnudaron y amenazaron con violarle con una botella de agua.

Esas denuncias motivaron la revisión de su caso, aunque según declaró su hermana Maryam a la BBC Persa el pasado enero, el tribunal hizo caso omiso a las inquietudes suscitadas por el Supremo. “Había pedido un experto para revisar las pruebas, pero no lo hubo”, explicaba. “Ni siquiera le hicieron una revisión médica a pesar de que dijo haber sufrido presión psicológica y física… Desgraciadamente no ha tenido un juicio justo”, concluía la hermana. Las organizaciones de derechos humanos comparten esa opinión.