Putin, dispuesto a hacer concesiones, pero no a perder el control

Casi todo es negociable. En su esfuerzo por recuperar la presidencia de Rusia con un apoyo convincente el 4 de marzo, Vladímir Putin sorprende a sus compatriotas con ideas y correcciones del rumbo que ha mantenido desde 2000, primero como jefe del Estado y, desde 2008, como jefe de Gobierno.

El candidato favorito a la jefatura del Estado parece dispuesto a una liberalización política, que incluye las elecciones de gobernadores, la simplificación del registro de partidos y la participación electoral, así como un sistema mixto (proporcional y mayoritario) para formar el Parlamento. A estos efectos, en la Duma Estatal (cámara baja del Parlamento) se acumulan ya tres proyectos de ley, presentados por el presidente Dmitri Medvédev tras las protestas por el fraude electoral de diciembre.

Rusia Unida (RU), el partido de los seguidores de Putin, que tiene la mayoría en la Duma, proyecta aprobar todo el paquete de reformas en primera lectura -de las tres requeridas para la aprobación definitiva- antes de las presidenciales. Sin embargo, la primera lectura parlamentaria dejaría abierta la posibilidad de introducir después modificaciones que podráin ser sustanciales. En el caso de las elecciones de los gobernadores, por ejemplo, se podrían ampliar las prerrogativas del presidente para despedirlos o para vetar a los candidatos.

El partido de los seguidores de Putin, que tiene la mayoría en la Duma, proyecta aprobar todo el paquete de reformas en primera lectura antes de las presidenciales

En un gesto populista, Putin se ha mostrado dispuesto a revisar dos impopulares medidas, a saber la prolongación de las gélidas vacaciones de año nuevo y Navidad (a costa de parte de las tradicionales vacaciones de mayo) y el mantenimiento del horario de verano durante el invierno. En 2005, la Duma recortó las vacaciones de primavera, y desde entonces la cámara ha rechazado múltiples iniciativas para devolver a los rusos los días de fiesta primaverales que antes dedicaban a sus dachas. La decisión de no adelantar el reloj y mantener la hora veraniega desde el pasado otoño (obligando a la gente a iniciar su jornada matutina cuando todavía es noche cerrada) fue una ocurrencia de Medvédev, que ha sido criticada incluso por el jefe de la sanidad pública, Guennadi Onníshchenko.

La capacidad de autocorregirse puede interpretarse de forma positiva, como flexibilidad para considerar los deseos y la evolución de la sociedad rusa. Y es precisamente de ese modo como el régimen presenta las propuestas que contradicen la sistemática restricción de las libertades practicada desde 2000 con vehementes argumentos persuasivos (sobre las ventajas de los gobernadores nombrados para mantener la unidad del Estado, por ejemplo).

Además de las “correcciones de rumbo”, el candidato favorito propone medidas que él mismo ha boicoteado de hecho. En el artículo donde divulga su programa económico, el político habla de “llenar con contenido real” el procedimiento de la “investigación parlamentaria”. En 2005, Putin presentó -y la Duma Estatal aprobó- un proyecto de ley que prácticamente bloquea las investigaciones parlamentarias. Según esa ley, para crear una comisión investigadora se requiere la aprobación de las dos cámaras del Parlamento, las investigaciones pueden durar el máximo de un año y las conclusiones, para ser tenidas en cuenta, deben ser aprobadas por ambas cámaras.

El resultado, según la analista Marina Ózerova, ha sido que la Duma solo ha podido realizar una única investigación, en concreto sobre el accidente en una central hidroeléctrica de Siberia, donde perecieron decenas de personas.

En su programa, Putin se refiere a un nuevo sistema para que la Duma pueda elegir a los dirigentes del Tribunal de Cuentas, una institución que tiene por objeto controlar el presupuesto estatal. En el pasado, la Duma y el Consejo de la Federación elegían al presidente y a los doce inspectores jefes del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, dos enmiendas de RU, en 2004 y 2007, arrebataron esta facultad al Parlamento y ahora es el jefe del Estado quien propone la candidatura del presidente y los inspectores jefes del Tribunal de Cuentas, que la Duma se limita a refrendar. Las facultades concedidas al jefe del Estado se justificaron como una “modernización” para evitar que los lobbistas y los “oligarcas” se hicieran con el control del Tribunal de Cuentas, según recuerda Ózerova. “Ahora, las “enmiendas de las enmiendas” se presentan como una “medida de lucha contra la corrupción”.

Putin califica como “deshonesta” la privatización de los bienes del Estado llevada a cabo en la década de los noventa

En una muestra de populismo, Putin trata de conectar con la “clase obrera” y el hombre de la calle y para eso ha creado el Frente Popular, un conglomerado de instituciones donde están también integrados los sindicatos. En el equipo responsable de la campaña de Putin, formado por 18 personas, cuatro diputados de Rusia Unida se presentan como “diputados del Frente Popular”, aunque tal cosa no existe, porque solo los partidos pueden formar parte del Parlamento.

En su programa económico, Putin califica como “deshonesta” la privatización de los bienes del Estado llevada a cabo en la década de los noventa, incluidas las zalogovie auzioni, o subastas de bienes que el Estado entregó como fianza a cambio de créditos que no devolvió. El primer ministro opina, no obstante, que “quitar” la propiedad paralizaría la economía, incrementaría el paro y perjudicaría a muchos “propietarios de buena fe” que no violaron las leyes de la época, y que han modernizado las empresas y creado puestos de trabajo. En opinión de Putin, estos sectores mostaron sentido “de la responsabilidad social” en la crisis de 2009-2011.

Esta semana, en un congreso de la principal asociación empresarial, el primer ministro propuso “pensar conjuntamente” sobre cómo cerrar el problema de la “privatización deshonesta”. En los noventa “la actividad económica se limitaba a un simple reparto del pastel del Estado”, afirmó Putin, según el cual hay “que dar la vuelta a esta hoja de la historia” ya sea con “una contribución única” ya sea “con algo de este tipo”. Putin dijo haber hablado sobre ese tema con el fundador de Yábloko, Grigori Yavlinski.

La idea de compensar a la sociedad por la “privatización deshonesta”, donde se forjó el grueso de los oligarcas rusos, está en el programa de Yábloko desde 2003. Los enfrentamientos entre dos de aquellos oligarcas, el exiliado Borís Berezovski y el próspero Román Abramovich, en 2011 en Londres ha vuelto a poner de actualidad aquellas privatizaciones, que la mayoría de los rusos consideran como un robo.

Por otra parte, Mijaíl Kasiánov, que fue jefe de Gobierno de Rusia entre 2000 y 2004, ha dicho que el oligarca Mijaíl Jodorkovski, uno de los más beneficiados de las subastas de privatización, se había dirigido a él en 2002 con una propuesta para compensar a la sociedad. El viernes en el Eco de Moscú, Kasiánov afirmó haber entregado a Putin un proyecto de ley basado en las ideas de Jodorkovski y dijo que el presidente había puesto el documento “en el cajón de su mesa”. “Todos los beneficiarios” de las subastas “entendían y entienden que las privatizaciones fueron injustas y que deben devolver el dinero a los ciudadanos”, señaló Kasiánov.

La oposición unida ha presentado al Kremlin una lista de casi cuarentena personas que están en la cárcel por motivos políticos.

El exjefe de Gobierno dijo que, según sus propios cálculos, el coste de la compensación que los oligarcas deben a la sociedad oscilaba entre 25.000 millones y 30.000 millones de dólares en 2002. La idea, explicó, era crear un fondo para infraestructura en beneficio de todos los ciudadanos y bajo control social.

Según Kasiánov, Putin reinterpreta ahora “ a su modo” el proyecto que puso en el cajón en 2002, porque prefería mantener “enganchados”(dependientes) a los oligarcas quienes, de haber saldado su deuda social, hubieran podido sentirse más legitimados y más libres frente al Kremlin. En octubre de 2003, Mijaíl Jodorkovski fue encarcelado y sigue en prisión tras ser condenado (en dos ocasiones) por lavado de dinero, robo a la propiedad del Estado y fraude fiscal. El magnate, al que el régimen rehúsa toda medida de gracia y reducción de pena, debería ser liberado en 2016.

Las concesiones tienen un límite. Putin ha afirmado que en Rusia no hay presos políticos, y lo ha dicho cuando la oposición unida ha presentado al Kremlin una lista de casi cuarentena personas que, a juicio de izquierdistas, liberales y nacionalistas, están en la cárcel por motivos políticos. Uno de los nombres en la lista es el de Mijaíl Jodorkovski.