Costa Rica ignora una orden de la Corte Centroamericana de Justicia

Costa Rica rechazó hoy una orden de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), adoptada el martes, que exige a San José que detenga la construcción de una carretera paralela al fronterizo río San Juan que Nicaragua considera como causante de un grave daño ambiental.

En un mensaje reiterado por distintas vías para mostrar el rechazo a la CCJ, el canciller de Costa Rica, Enrique Castillo, afirmó: “Ignoramos todo lo que la Corte disponga, la Corte no tiene injerencia, no tiene competencia, no tiene jurisdicción en Costa Rica”. “Para nosotros lo que resuelva la CCJ es irrelevante y completamente nulo”, insistió el canciller, al anunciar que iniciará una ofensiva diplomática para explicar a los restantes Gobiernos de Centroamérica la posición costarricense y que la Corte no tiene la potestad de exigir a Costa Rica que cumpla su resolución.

“La Corte puede operar en aquellos países que la han aceptado, pero no puede imponerse sobre todos los demás. La Corte no tiene nada que hacer con Belice, Panamá ni Costa Rica, porque no son parte. Ellos buscan a toda cosa justificar su propia existencia”, subrayó. “La Corte necesita que le pongan límites, pues está completamente excedida”, recalcó, tras aclarar que Costa Rica reconoce a otros tribunales, como la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya, Holanda. El pasado diciembre Nicaragua llevó el pleito por la carretera a ese tribunal.

El conflicto limítrofe con Nicaragua sigue subiendo de tono. El Gobierno de la presidenta Laura Chinchilla acusó a la Corte de prestarse a la manipulación de los intereses del mandatario nicaragüense Daniel Ortega.

En una resolución unánime adoptada en su sede regional en Managua, la Corte ordenó que Costa Rica suspenda “inmediatamente” la construcción de la vía, de aproximadamente 130 kilómetros de longitud y paralela al río San Juan. Tras señalar que comprobó “algunos indicios” de afectaciones ecológicas, el hondureño Francisco Darío Lobo, presidente de la Corte, informó que se declaró con lugar una solicitud de medida cautelar planteada en diciembre anterior por organizaciones ecologistas de Nicaragua.

Al confirmar que se trata de un fallo de acatamiento obligatorio e inmediato, Lobo replicó que la CCJ sí tiene jurisdicción en Costa Rica, ya que el Gobierno costarricense ratificó entre 2002 y 2006 una serie de acuerdos del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) que comprendían a la Corte. Castillo, sin embargo, reiteró que eso no significa que Costa Rica acepte la Corte, aunque pertenezca al SICA

En su veredicto, la Corte demandó que “se suspendan inmediatamente las obras de construcción” de la carretera para que “la situación no se agrave, resguardando los derechos de cada una de las partes y evitando que se produzca un daño [ambiental] irreversible e irreparable”.

Los pleitos bilaterales se recrudecieron en octubre de 2010, después de que Costa Rica denunciara que tropas de Nicaragua que participaron en el dragado del San Juan invadieron Portillos, isla costarricense en el extremo oriental de la frontera, instalaron una base y provocaron un severo daño ambiental. De inmediato, Managua rechazó la acusación, argumentó que el lugar es suelo nicaragüense y se negó a retirar a sus efectivos.

Costa Rica rechazó la denuncia de Nicaragua de que pretendía apoderarse del San Juan, que está bajo soberanía nicaragüense. La disputa fue llevada por Costa Rica a la CIJ de La Haya, que el pasado marzo ordenó preliminarmente el despeje de fuerzas militares y de seguridad del territorio en pugna y solicitó evitar acciones que aumenten la tensión fronteriza. Nicaragua aceptó sacar a sus tropas, aunque en su lugar envió a la zona a militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), mientras el caso sigue el proceso en La Haya.

La crisis se complicó el pasado noviembre. Nicaragua culpó a Costa Rica de provocar un grave daño ambiental con la construcción de la carretera y exigió a San José que le informe sobre los detalles del trabajo que, según Ortega, amenaza al río y a su caudal. El 23 de diciembre, Nicaragua acusó a Costa Rica ante la Corte regional por este caso; San José se negó a rendirle cuentas a Managua y adujo que el trabajo se realiza en su suelo soberano.