Golpe a la independencia judicial

De entre todas las reformas llevadas a cabo por el Gobierno húngaro, una de las más polémicas es la que afecta al poder judicial. Para el Gobierno, estas medidas son claves para modernizar el país y agilizar el funcionamiento de la justicia. Para los críticos, se trata de un golpe a uno de los pilares de la democracia y la erosión de su independencia. Estos son los puntos más polémicos:

 » El Constitucional, más débil. El Tribunal ya no decide sobre todas las leyes que aprueba el Parlamento húngaro, como hasta ahora. Quedan fuera de sus competencias las que afecten a los Presupuestos, como los planes de ajuste fiscal. Además, se han creado más puestos en la cúpula del tribunal, ocupados por magistrados afines al partido de Orbán (Fidesz), mientras los ciudadanos que quieran impugnar la constitucionalidad de una ley deben pasar ahora muchos más filtros en los tribunales ordinarios que antes. Kim Lane, experta en derecho de la Universidad de Princeton, afirmó en el blog de Paul Krugman en The New York Times que “el viejo Tribunal Constitucional, el mayor control del poder gubernamental en un sistema parlamentario unicameral, está funcionalmente muerto”.

» Una todopoderosa oficina judicial. Es la principal novedad de la nueva legislación. Ahora se concentra todo el poder en una sola persona, y no en un colectivo. Tomará decisiones muy relevantes, como nombrar nuevos jueces y reemplazar a los que se retiren. Esta nueva oficina unipersonal tiene además la prerrogativa de nombrar a los presidentes de cada tribunal, trasladar a un juez de un caso a otro y adjudicar los sumarios a un juzgado determinado. “El Gobierno ha abolido el Consejo Judicial, el órgano administrativo de los jueces, y lo ha sustituido por una sola persona designada por el Parlamento [controlado por mayoría absoluta por Fidesz], en contra de las leyes europeas”, explica el jurista Péter Hack, de la Universidad Eötvös Loránd de Budapest. Esta oficina está presidida por Tunde Hando, una juez casada con un europarlamentario que es íntimo amigo del primer ministro. El Gobierno defiende la intachable trayectoria de la juez. Pero el problema no está solo en la persona. Como explica Zoltán Fleck, profesor de Sociología del Derecho en la Universidad Eötvös Loránd de Budapest, la cuestión es que su mandato no tendrá “ningún control” externo efectivo. Para el analista político Zoltán Kiszelly, “la mayoría de los países del Este necesitan reformas” y no cree que las de Orbán sean “antidemocráticas, sino una modernización centralizada del Estado”.

» Nuevas reglas para nuevos jueces. La reforma incluye la marcha de más 200 jueces después de que el Gobierno rebajara de 70 a 62 años la edad de jubilación de este gremio, vista por los críticos como una purga. “No hay ningún argumento razonable que justifique la medida, porque en otros sectores el Gobierno hace lo contrario, elevar la edad de jubilación. Esto abre la posibilidad de reemplazar a estos jueces por otros favorables al Gobierno”, opina Hack. Además de la jubilación anticipada, el Ejecutivo ha descabezado “ciertas instituciones independientes”, como explica Fleck. “Se trata del Comité Nacional Electoral, el Defensor de los Derechos de las Minorías y la corporación de radiotelevisión nacional”, ejemplifica. Pero el caso que ha suscitado más polémica es el de la salida del presidente del Tribunal Supremo —que ahora se llama Kúria—, András Baka, tres años antes de que acabe su mandato, en un “hecho sin precedentes”, apunta Hack. El pretexto es que ahora se requieren cinco años de experiencia como juez en Hungría, y no sirve un magistrado que, como Baka, tiene más de una década de experiencia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Para Fleck, “la lógica de este cambio es puramente política: Baka criticó la reforma”.

» El poder de la fiscalía. Puede elegir qué tribunal juzgará un caso, “lo cual vulnera la Convención Europea de Derechos Humanos”, recuerda Hack.