Uruguay pedirá perdón a las víctimas de la dictadura
El Gobierno se ve obligado a disculparse tras el fallo judicial sobre la nuera de Juan Gelman
Uruguay organizará entre el 20 y 27 de marzo un acto en el que pedirá perdón a las víctimas de la dictadura cívico-militar que asoló a este país sudamericano entre 1973 y 1985. El Gobierno de José Mujica fue obligado a pedir disculpas por un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de febrero pasado sobre el caso de la desaparición de María Claudia García, la nuera del poeta argentino Juan Gelman y madre de Macarena, que fue uno de los bebés robados por los regímenes sudamericanos y que recuperó su identidad en 2000, después de vivir 23 años en manos de un comisario policial uruguayo.
“La idea es que se pida perdón a todos los detenidos-desaparecidos en las figuras de Macarena y Juan Gelman”, comentó el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Luis Almagro. En este país de 3,3 millones de habitantes, unas 200 personas desaparecieron durante la dictadura, que montó operaciones coordinadas con otros regímenes de Sudamérica, en lo que se llamó el Plan Cóndor. Fue así que Marcelo Gelman, hijo del galardonado con el premio Cervantes, y su esposa María Claudia fueron detenidos en Argentina; él fue asesinado allí y ella, embarazada, fue trasladada a Uruguay, donde dio a luz a Macarena. La niña fue entregada a un policía y su madre sigue desaparecida.
"Estamos coordinando esta semana con Macarena Gelman la fecha del acto reparatorio de la víctima", comentó Almagro. Aún no se sabe si participará el presidente Mujica, un exguerrillero tupamaro que estuvo preso más de 12 años durante el régimen.
La CIDH condenó al Estado uruguayo por la falta de investigación de la desaparición de la nuera de Gelman y ordenó que se juzgase a los responsables y se continuase con la búsqueda de sus restos. El tribunal también ordenó que se indemnizara con 510.000 dólares (400.000 euros) y una reparación simbólica a Macarena Gelman. La sentencia también estableció que la ley de caducidad, que amnistiaba a los criminales de la dictadura, era incompatible con la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Fue así que en octubre pasado el Parlamento uruguayo derogó aquella ley, después de dos referendos en los que la población la había ratificado, en 1989 y 2009.
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