La justicia francesa revisa el origen del genocidio en Ruanda

El 6 de abril de 1994, un misil derribó el avión del entonces presidente de Ruanda, Juvénal Habyarimana. La muerte del líder hutu abrió cuatro meses de locura y persecución por parte de los extremistas de esa misma etnia, que asesinaron a 800.000 tutsis y a miles de hutus moderados. Tras la denuncia presentada en 1998 por las familias de la tripulación francesa del avión, en 2006 un juez francés atribuyó el asesinato de Habyarimana al Frente Popular Ruandés, la milicia tutsi dirigida por Paul Kagamé, que hoy gobierna el país africano, lo cual provocó tres años de ruptura de relaciones entre París y Kigali. Cuando aquel juez, Jean-Louis Bruguière, se retiró de la magistratura, la justicia francesa reabrió el caso y siguió investigando, esta vez sobre el terreno. Ahora, un informe de seis expertos enviados a Ruanda por los jueces Marc Trévidic y Nathalie Poux ha dado la vuelta a la versión oficial, y atribuye a los propios extremistas hutus el asesinato de su presidente, que aparece ahora como la excusa que hizo posible iniciar un genocidio muy bien planificado desde 1991 bajo la mirada cómplice de París.

La pericia judicial se basa en análisis balísticos, acústicos, de explosivos, cartográficos y de navegación aérea, y determina, 18 años después de sucedidos los hechos, que es prácticamente imposible que los rebeldes tutsis dispararan los dos misiles SA-16 de fabricación soviética contra el avión presidencial, ya que el lugar de donde partieron los disparos fue el campamento militar de Kanombé.

Aunque el informe no es concluyente al 100% sobre el autor real de los disparos, dado que Kanombé estaba entonces bajo control de las fuerzas gubernamentales y la guardia presidencial, resulta difícil pensar que fueran los tutsis quienes lo hicieran.

La resolución ha tenido gran eco en Francia, quizá porque la historia judicial del atentado contra el Falcon 50 prestado por París a Habyarimana ha estado marcada hasta ahora por un vergonzante consenso político, ese cinismo oficial mejor codificado aquí como ‘Razón de Estado’.

Los hechos, y la salvaje limpieza étnica que vino después, sucedieron en plena cohabitación entre François Mitterrand y Edouard Balladur, y la sentencia dictada en 2006 por el juez antiterrorista Bruguière contra siete correligionarios de Paul Kagamé fue recibida con enorme escepticismo por las ONG y los organismos internacionales, que la consideraron fruto de las presiones y componendas de la izquierda y la derecha francesas.

La primera confirmación oficial, aunque sea todavía parcial, de la inocencia de los tutsis en el asesinato de Habyarimana es “histórica”, según escribe Libération, porque “devuelve el honor” a la justicia francesa y pone fin a la “infamia” de quienes durante años acusaron sin pruebas a Kagamé de haber favorecido el genocidio de los tutsis, y de quienes negaron ese genocidio, considerado por la ONU como el tercero más grave de la historia.

Un informe de seis expertos enviados a Ruanda ha dado la vuelta a la versión oficial y atribuye el atentado a los  extremistas hutus

Según Le Monde, la tesis avalada por la primera investigación no se basaba en hechos, si no en las tesis sostenidas ante el juez y la opinión pública por testigos, periodistas, sociólogos, soldados y medios más o menos interesados en Ruanda, algunos de los cuales, como el propio juez Bruguière, jamás habían puesto un pie en el país africano. En 2009, una investigación del ejército británico avanzó ya este mismo resultado.

Junto a la nueva verdad oficial, es necesaria una revisión histórica de la intoxicación negacionista puesta en marcha por el establishment francés, afirma también Libération. La ministra ruandesa de Asuntos Exteriores, Louise Mushikiwabo, ha declarado que “ahora está claro para todos que el atentado fue un golpe de Estado organizado por los extremistas hutus y sus consejeros. Con esta verdad científica”, ha añadido, “los jueces han cerrado brutalmente la puerta a 17 años de campaña de negación del genocidio”.