Chirac, el alcalde turbio

La alcaldía de París contrató, entre 1992 y 1995, al menos a 19 personas que nunca trabajaron para los parisinos: no hizo falta que cumplieran los horarios y algunos, incluso, no hicieron absolutamente nada. Jacques Chirac era el alcalde de la capital francesa durante esos años y autorizó (o, incluso, inventó) la operación para que esos fantasmas trabajaran para él o para el Reagrupamiento por la República (RPR), el partido que él mismo fundó en 1976 como sucesor de la Unión para la Defensa de la República del general De Gaulle, luego reconvertido en la Unión por un Movimiento Popular (UMP) de Nicolas Sarkozy, el actual presidente francés. Casi dos décadas después, un tribunal ordinario condenó ayer a Chirac a dos años de cárcel por malversación de fondos públicos y abuso de poder.

No cumplirá la pena. Si acaso, pagará hasta 55.000 euros de la multa económica que le impongan, si es que finalmente se la imponen (si la cantidad es mayor, el partido asumirá el resto). El político, de 79 años, no pudo acudir al juicio: tiene graves problemas de memoria y, según sus abogados, “comete importantes errores de juicio y razonamiento”. Así que los jueces, por su edad y delicado estado de salud, le han eximido de cumplir la pena.

El caso ha horadado los cimientos de esa grandeur que los políticos franceses llevan incorporada como una segunda piel. Más aun cuando, como en el caso de Chirac, se trata de alguien que lo ha sido todo en la historia más reciente de Francia. En 1968 fue secretario de Estado con Pompidou; luego, primer ministro con Giscard y, después, con Mitterrand; pasó por la alcaldía de París (entre 1977 y 1995) y llegó a la presidencia, que ejerció entre 1995 y 2007. Una eminencia.

Pero una eminencia de pasado turbio. Siendo presidente se libró del banquillo cuando saltó el escándalo (Alain Juppé, estrecho colaborador suyo, fue condenado en 2004 por un asunto similar a 14 años de prisión, que no llegó a pisar nunca: ahora es ministro de Exteriores). Chirac se libró del oprobio cuando los fiscales decidieron retirar los cargos. Pero los jueces de un tribunal ordinario consideraron probados los hechos, y sentenciaron. Un buen ejemplo, del que debieran tomar nota los jurados españoles.