"La decisión de la UE sobre pesca afectará a la relación con Marruecos"

“El problema del acuerdo era la misma premisa: la explotación por parte de Marruecos de aguas que no son suyas en violación del derecho internacional”. La opinión de Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, no puede ser más tajante. El jurista, que lleva años dedicado a la cuestión del estatus del Sáhara Occidental, cree que la decisión del Parlamento Europeo de rechazar la prórroga del Acuerdo de Pesca con Marruecos es resultado del incumplimiento de las condiciones que el Protocolo aprobado en 2006 incluía: la comprobación de un efectivo beneficio para la población saharaui.

La relación del eurodiputado liberal finlandés, Carl Haglund, aprobada ayer por la Eurocámara reconoce explícitamente que “en la documentación relativa al Protocolo no se examina esta cuestión”. Pero no se trata de una ausencia justificada, recuerda Ruiz. Como explicaba el informe de la comisión de cooperación del Parlamento europeo, en mayo de 2009 un dictamen del Servicio Jurídico del PE, señalaba que “con el fin de ajustarse al Derecho internacional, las actividades económicas relacionadas con los recursos naturales de un Territorio No Autónomo deben realizarse en beneficio de la población de dicho territorio y de conformidad con lo solicitado por esta”. De lo contrario la UE tenía que plantearse la suspensión del Acuerdo. Por ello, la Comisión Europea pidió al Gobierno marroquí que demostrara las ventajas para la población local. “Marruecos no lo hizo y no ha especificado si la que se está beneficiando es la población saharaui tal y como está reconocido por Naciones Unidas”. El informe del Europarlamento reconoce que “Marruecos presentó el 13 de diciembre de 2010, en un documento PowerPoint, los resultados de algunos programas de inversión divididos en cuatro regiones diferentes, habiéndose incluido el Sáhara Occidental en la región Sur, junto con otros territorios. El documento no indica si la población del Sáhara Occidental ha sacado algún provecho socioeconómico del Acuerdo”.

“La gran mayoría de los trabajadores del sector pesquero en la zona son marroquíes. Y la confirmación del escaso beneficio para la población saharaui fue el campamento de Agdaym Izik [desmantelado por las autoridades marroquíes en noviembre de 2010] instalado para protestar contra el traslado de trabajadores marroquíes a la región mientras que la tasa de paro de la población local era del 40%”, subraya el catedrático. Sin dar cifras, el informe de la comisión del Parlamento europeo, sostiene en este aspecto que frente a los puestos de trabajo que Marruecos dice haber creado, “es más probable que el acuerdo beneficie sobre todo a los colonos marroquíes trasladados a un territorio ocupado en incumplimiento del artículo 49 del IV Convenio de Ginebra de 1949”.

Tarik Atmane, profesor de Derecho Internacional público en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, es de otra opinión. “No tengo datos, pero ¿cómo se puede averiguar si los beneficios han llegado o no a la población? Son idas y venidas: está la posición marroquí y la otra. El envío de observadores sería considerado una intromisión en asuntos de soberanía de Marruecos”.

Aunque en el informe de Haglund el aspecto de la escasa rentabilidad económica para Europa ocupe un puesto relevante, junto a la sobreexplotación de los caladeros, Ruiz subraya como “el asunto político esté explicitado, en cuanto al respeto del derecho internacional”. Por tanto, según el jurista, “la votación supone un serio revés para las ambiciones anexionistas de Marruecos” y también “un revés para la política del Gobierno de Zapatero en su apoyo a Rabat”. Para Ruiz la decisión del Parlamento europeo sienta también un precedente ante la próxima votación sobre el acuerdo de Agricultura entre Bruselas y Rabat.

Atmane cree en cambio que “los lobbies, las ONG y los grupos pro-saharaui han conseguido lo que venían buscando” y que se trata de “una señal negativa sobre la cooperación futura de Marruecos con la UE”.

En cuanto a las quejas del Ejecutivo español por las pérdidas que supone a la flota española (100 de las 119 licencias concedidas para la zona son para buques españoles), Ruiz opina que “son retóricas” ya que “el acuerdo a quién beneficia es a Marruecos”. “Si el Gobierno se preocupa por la flota española lo que tiene que hacer es pedir subvenciones directas o incluso el pago de los trabajadores del sector como se hizo en 1995”. Ruiz se apoya en los datos del mismo informe del Parlamento: por cada euro invertido por la UE, se obtiene un beneficio producidos por los buques involucrados por el acuerdo de 0,65 céntimos. “Es decir que sería más conveniente financiar directamente a los pesqueros”, añade Ruiz.

Para Atmane lo que es cierto es que “España sale perjudicada”. “Vendrán tiempos difíciles en las relaciones bilaterales entre España y Marruecos. Es una intuición”, concluye.