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Bula fiscal para la Iglesia en Italia

El Gobierno de Monti reinstaura el impuesto de bienes inmuebles que suprimió en 2008, pero deja fuera a las entidades religiosas

La plaza de San Pedro, en Ciudad del Vaticano. Ampliar foto
La plaza de San Pedro, en Ciudad del Vaticano. AFP

Entre el 20% y el 30% de todo el patrimonio inmobiliario italiano —115.000 casas, 36.000 parroquias, 9.000 escuelas, 4.000 hospitales y centros sanitarios— pertenece a la Iglesia. No obstante, desde 1992, el mayor casero de la República goza del privilegio, aprobado por el Gobierno de Giuliano Amato, de no pagar el ICI (Impuesto de Bienes Inmuebles), tal vez la tasa que más fastidia a los italianos y que por eso mismo el gran populista Silvio Berlusconi eliminó en 2008 para la primera vivienda. Ahora, con la llegada de las vacas flacas, el Gobierno tecnócrata de Mario Monti ha reinstaurado el impuesto… salvo para la Iglesia. Y en Italia se ha armado la de Dios es Cristo. En solo 48 horas se han recogido 100.000 firmas para que se elimine tal privilegio. Las redes sociales se han convertido en las principales instigadoras de la revuelta: “Si la Iglesia es la casa del Señor”, reza una irreverente página de Facebook, “¿por qué Dios no paga el ICI?”.

Para que el diablo no se ría de la mentira, hay que subrayar que, si bien corresponde a la Iglesia la parte del león, muchísimas otras instituciones se benefician de la bula fiscal. Tampoco pagan el ICI las demás confesiones religiosas, ni las embajadas, ni las fundaciones líricas, ni tampoco los cines —sí los multicines—, ni las ONG ni organismos internacionales como la FAO. Por no pagar —¿quién pagaba en Italia hasta ahora?—, no pagan ni las salas de billar. La cuestión más polémica es que la Iglesia, al margen de los lugares dedicados estrictamente al culto o a la atención de personas necesitadas, dispone también de un buen número de albergues y hospitales privados que le reportan pingües beneficios y que tampoco pagan el ICI. Ello es posible gracias a una interpretación ventajista de una curiosa frase de la actual legislación.

El caso es que, en 2006 y después de una larga polémica, el Gobierno del socialista Romano Prodi no tuvo más remedio que acotar los privilegios que hasta ese momento afectaban a todos los inmuebles de la Iglesia. Pero lo hizo con una frase ambigua: “La exención se puede aplicar solo a los inmuebles no exclusivamente comerciales”. La trampa —dicho sea sin mala fe— estaba en el “no exclusivamente”. Bastaba, por tanto, que el hotel o el hospital en cuestión dispusieran de un oratorio en su interior para que se pudieran acoger a la exención fiscal. Si bien la discusión no es nueva —el grupo Radicali tiene una demanda interpuesta ante la Unión Europea (UE) contra el Gobierno italiano por trato de favor a la Iglesia—, la polémica ha estallado en toda su crudeza tras el duro ajuste económico puesto en marcha en las últimas horas por el Gobierno de Mario Monti. Un Gobierno muy cercano al Vaticano y que, sin embargo, se encuentra ahora entre la espada de la justicia y la pared de la incoherencia. ¿Cómo puede pedir a los italianos que se aprieten el cinturón hasta niveles jamás vistos y mantener al mismo tiempo la manga ancha con el clero?

La Iglesia posee entre el 20% y el 30% del patrimonio inmobiliario del país

Los primeros en apreciar el contradiós han sido los príncipes de la Iglesia. El viernes, el cardenal Angelo Bagnasco, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), optó por entrar de lleno en el asunto. A su llegada al genovés palacio de la Meridiana —para asistir a un congreso sobre el poder y la ética—, Bagnasco pidió ver a los periodistas y, lejos de atribuir la polémica a una confabulación judeo-masónica, lanzó dos mensajes muy claros. En primer lugar, la Iglesia está dispuesta a discutir, y a aceptar llegado el caso, las posibles correcciones de una legislación que hasta el momento tanto le ha favorecido. Y, en segundo lugar, Bagnasco se mostró dispuesto a investigar las “zonas grises”, los “puntos oscuros” en los que las instituciones eclesiásticas hubieran podido incurrir al aplicar torcidamente la exención del ICI. “La justicia no tiene tiempo ni lugar. Está bien en cualquier momento”.

La caída del caballo de monseñor Bagnasco está siendo muy comentada en Italia. Aunque no todo el mundo concede al cardenal el beneficio del arrepentimiento. Hay analistas que ven el inicio de una operación pactada con el Gobierno —la comunión es total— para minimizar los daños de un asunto que tiene mal arreglo. En primer lugar, porque una hipotética e improbable supresión del privilegio conduciría a la ruina a un buen número de órdenes religiosas que, al margen de los oropeles del Vaticano, se las ven y se las desean para sufragar el mantenimiento de los edificios donde habitan. Y, en segundo, porque ya no se trata solo de una cuestión entre el Gobierno y la Iglesia con los ciudadanos —cada vez más indignados— en el papel de testigos. Sino que, antes del próximo mes de mayo, la Unión Europea debe contestar a la demanda del grupo Radicali y decidir si las ayudas de Italia al Vaticano son legales. En el caso de que no lo sean, el Estado italiano puede ser condenado a entregar a Europa el importe de las exenciones —presentes y pasadas— sobre los bienes inmuebles. ¿Será capaz el nuevo primer ministro de reclamarle a la Iglesia los cuartos que se ahorró cuando lo era el pecador Berlusconi?

Interrogado sobre estas cuestiones al término de la cumbre de Bruselas, Mario Monti solo apuntó: “Sobre los inmuebles de la Iglesia puedo decir que en estos 17 días no hemos tomado todavía ninguna decisión. Y me detengo aquí…”. Aunque luego añadió, enigmáticamente: “Tenemos también conocimiento de una investigación de la Unión Europea sobre las ayudas del Estado”. Monti y Bagnasco, Il Professore e Il Cardinale, saben que el fallo de la investigación es importante, pero no más que el de la opinión pública. Los italianos ya están notando en carne propia la dureza del ajuste —sube el combustible, bajan las pensiones— y, muy pendientes del difícil momento histórico que les ha tocado vivir, recuerdan con nitidez unas palabras pronunciadas el pasado mes de septiembre por el cardenal Bagnasco: “La evasión fiscal es un cáncer social”. Un cáncer y también un pecado. Lo cometa quien lo cometa.

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