Humala declara el estado de excepción para controlar la protesta contra una mina

Ollanta Humala, presidente de Perú, ha declarado el estado de emergencia en cuatro provincias de la región Cajamarca, convulsionada hace más de una semana por las protestas contra un proyecto de explotación de oro de 4.800 millones de dólares. La disposición implica la restricción de las libertades de reunión, tránsito y la inviolabilidad del domicilio y tiene una duración de 60 días. Durante ese tiempo, las fuerzas armadas asumirán el control del orden interno, junto con la policía.

Con esta medida, el presidente espera devolver relativa tranquilidad y garantizar los servicios básicos a una región paralizada por las protestas. El domingo, una comisión encabezada por el jefe del Gabinete ministerial, Salomón Lerner, se reunió durante casi nueve horas con el presidente de la región, Gregorio Santos, y los representantes del frente de defensa ambiental de Cajamarca, pero no logró la suspensión de la medida de fuerza. “La intransigencia de un grupo de dirigentes locales se ha puesto en manifiesto. No se han alcanzado acuerdos mínimos para que se restablezcan la paz social y los servicios públicos a los que tiene derecho Cajamarca”, dijo el presidente en un mensaje a la Nación transmitido el domingo poco después de las 10 de la noche.

El Gobierno había planteado la formación de dos mesas de trabajo para discutir la viabilidad del proyecto minero Conga y propuestas de desarrollo para Cajamarca, pero a cambio pidió que se firme de inmediato el levantamiento de la paralización general. Según declararon varias fuentes, los dirigentes del paro pidieron 24 horas para consultar a la población, lo que no fue aceptado por el Gobierno.

Tras la declaración del estado de emergencia, la ciudad de Cajamarca, capital regional, amaneció el lunes en calma. El ministro del Interior, Óscar Valdés, recorrió las calles y constató que la mayoría de negocios volvieron a abrir sus puertas y se restablecieron las clases en los colegios. La presencia policial y militar es notoria.

Las autoridades regionales han pedido a la población que mantenga la calma para evitar desmanes. En la provincia de Celendín, donde se ubica el proyecto minero que es causa del conflicto, los pobladores realizaron una vigilia. Alrededor de dos millares se encontraban también en la laguna del Perol, que está ubicada sobre el yacimiento de oro y, de acuerdo con el proyecto, debe ser desecada para poder extraer el mineral. En días pasados, enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad dejaron al menos 20 personas heridas de ambos lados.

El proyecto Conga, propiedad de la minera estadounidense Newmont y de la peruana Buenaventura, tiene previsto producir entre 1.700 y 2.000 toneladas de oro y abriría en 2014, informa la agencia Reuters. Se ubica en Los Andes, a más de 4.000 metros de altura. Los opositores al proyecto dicen que afectará al suministro de agua, algo que niega la empresa. Newmont dice que su plan medioambiental cumple los estándares más exigentes en la minería. Además ha puesto en marcha programas extensivos de apoyo comunitario en la región de la mina Yanacocha. El Gobierno, por su parte, no está dispuesto a renunciar a la mayor inversión minera en la historia del país, que creará miles de puestos de trabajo y enormes ingresos fiscales.