Egipto exige a los militares que traspasen la autoridad al poder civil

Los egipcios quieren llenar un viernes más la plaza de Tahrir donde lograron derrocar en apenas dos semanas a Hosni Mubarak, no así su legado, ya que con el paso de los meses cada vez son más conscientes de que desmontar el régimen que instauró el rais en sus 29 años de dictadura costará un poco más de 18 días. Y el régimen es al Ejército lo que el Ejército es al Estado egipcio: su piedra angular. Desde la forzada renuncia del faraón, Egipto está gobernado por una Junta Militar encabezada por el mariscal Mohamed Hussein Tantaui, a pesar de las demandas de la sociedad civil de traspasar la autoridad. En estos nueve meses, que deberían estar alumbrando una democracia, los militares han llevado a cabo maniobras que los partidos políticos de todo signo, así como los activistas interpretan como un intento de mantenerse en el poder el mayor tiempo posible e imponer las condiciones que les permitan mantener los privilegios que ostentaban hasta la caída de Mubarak.

El 28 de noviembre empezarán las elecciones para elegir un nuevo Parlamento, pero no hay fecha clara para las presidenciales y la idea que la Junta ha hecho llegar a los egipcios es que no barajan ninguna antes de finales de 2013. Por ese motivo partidos laicos, liberales e islamistas quieren llevar de nuevo la protesta a la calle.

El partido La Libertad y la Justicia, brazo político de los Hermanos Musulmanes, es el mejor posicionado

Uno de las decisiones más controvertidos en el plano político (en el social basten de ejemplo los más de 12.000 juicios militares a civiles), es el intento de imponer unos principios supraconstitucionales que deban ser aceptados por la comisión que redacte la Carta Magna tras la elección del Parlamento. Todos los partidos se han opuesto a los borradores que el viceprimer ministro de Asuntos Políticos, Ali el Selmi, ha presentado, porque incluían condiciones que, según afirmaron el miércoles los Hermanos Musulmanes, “consagran una dictadura” y “roban la soberanía al pueblo”. Sin embargo, la mayor parte de las formaciones se han mostrado dispuestas a aceptar un documento con enmiendas que, en todo caso, no considerarían obligatorio ni vinculante para la comisión constitucional, y en el que desaparecieran artículos polémicos. Dichos apartados se refieren directamente a la posición del Ejército en el Estado y la Constitución, y les darían poder absoluto en todos sus asuntos, incluidas las decisiones sobre el presupuesto. Otros especifican el proceso para elegir la comisión constitucional.

Los Hermanos Musulmanes, que han boicoteado varias de las reuniones entre partidos y gabinete, explicaron en un comunicado este miércoles que consideran rotas las negociaciones, después de que el Gobierno insistiera en mantener “principios no democráticos”. Y justificaron así su decisión de manifestarse de nuevo en Tahrir. El partido La Libertad y la Justicia, brazo político de la cofradía religiosa, se perfila como el mejor posicionado para obtener una amplia representación en el Parlamento, por lo que serían los que más influencia tendrían en la elección de la comisión que redactara el texto. Por ese motivo prefieren que no exista ningún principio previo impuesto, que les impediría influir a favor de sus tendencias políticas (defensa de un Estado Islámico e imposición de la sharia), en la nueva Constitución.

Por su parte, los movimientos laicos como el de los jóvenes del Seis de Abril, han llamado a respaldar la protesta para exigir un traspaso de la autoridad a un poder civil elegido como muy tarde a finales de abril de 2012.