Las curvas ya no cuentan

Interior, Justicia y Trabajo. Son tres las carteras que Mario Monti ha otorgado a las mujeres. Ministerios claves, “de gran relevancia”, como ha querido subrayar el jefe del nuevo Ejecutivo. Entre los 12 ministros, ellas representan un 25%. Silvio Berlusconi había elegido a dos de 13, de Medio Ambiente y de Educación. La noticia, sin embargo, no está en las cifras, en los porcentajes, sino en un poderoso valor simbólico de este triple nombramiento. El aire ha cambiado en el palacio del poder romano: las mujeres vuelven a ser consideradas por su currículo antes que por sus curvas.

El profesor Monti es ajeno a la lógica de una política que recortó rincones para las mujeres con tal de cumplir con las cuotas de poder que los partidos exigían y de salvar la apariencia de lo políticamente correcto. Y sobre todo, tras años de descaro sexual, bromas machistas y cargos caídos de la nada sobre jóvenes aterrorizadas e inexpertas (como la ministra de Igualdad, que no tenía cartera, la exvelina Mara Carfagna), Monti ha elegido a las mujeres de su equipo respetando una regla olvidada. La regla del mérito. La preparación y la competencia de las tres ministras están esculpidas en sus largas trayectorias académicas y en la burocracia.

Paola Severino es la primera mujer en la historia de Italia en desempeñar el cargo de ministro de Justicia. Nació en Nápoles en 1948, se graduó en Derecho en la Sapienza de Roma, se especializó en Derecho Penal y hoy es una abogada muy conocida. Defendió a clientes excelentes como Romano Prodi o al grupo ENI (la sociedad estatal de hidrocarburos) o a la Unión de las comunidades judías en un juicio contra el oficial nazi Erich Priebke. Es catedrática y vice rectora en la LUISS "Guido Carli" de Roma, la universidad de la Confindustria (la Patronal de los industriales). En 2002, Severino se encontró a un paso de ser elegida como presidente del Consejo Superior de la Magistratura, pero el partido Unión de Centro se opuso y ella renunció. Tras un decenio de régimen berlusconiano, la de la Justicia sin duda representa una de las carteras más delicadas del Gabinete. No por nada, Monti estuvo horas negociando para encontrar un acuerdo con Angelino Alfano, secretario general del Pueblo de la Libertad, sobre el nombre de quien tendrá que manejar el tema más sensible para el ex primer ministro.

La ministra de Interior Annamaria Cancellieri, 63 años, de Roma, es una delegada del Gobierno jubilada. Como comisario extraordinario, desde principios de 2010 hasta mayo de 2011, administró la ciudad de Bolonia donde el alcalde acababa de dimitir por corrupción. Mereció el apodo - bastante descontado - de lady de hierro, aunque de vez en cuando se le escape una media sonrisa que la acerca por modales y rigor más a Angela Merkel que a Margareth Thatcher. Al principio, la izquierda local clamó al castigo del Gobierno de Berlusconi que enviaba sus tropas a domar la ciudad roja; la derecha esperaba encontrar en ella el punto de referencia carismático que le faltaba, capaz de expugnar el Ayuntamiento en las inminentes elecciones municipales. Los dos bandos se quedaron decepcionados. Cancellieri administró de forma neutral e imparcial, tanto que antes de la campaña electoral entre los ciudadanos circulaba con insistencia la voz - más bien un deseo - de que se presentara como candidata independiente. Cancellieri, no cedió. Dejó la ciudad igual que hoy se ha despedido de Parma, otro centro rico y plácido del Norte, que se había quedado sin su alcalde corrupto.

Elsa Fornero, ministra del Trabajo, Políticas sociales e Igualdad, nació en provincia de Turín en 1948 y en la Universidad de la capital de Piamonte lleva una cátedra de economía política. También es vice presidenta del Consejo de vigilancia del segundo banco italiano, Intesa San Paolo, el mismo del que llega otro ministro, Corrado Passera. Fundó el CERP (Centro de investigación en políticas de pensiones y seguridad social), uno de los mayores centros de estudio en su materia en Italia y en Europa y también asesoraba el Ministerio del Trabajo sobre el gasto de las pensiones. Ahora le toca meter mano en primera persona al sistema laboral y de jubilaciones, que los socios europeos y las instituciones económicas tachan de demasiado rígido.