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La Corte Penal Internacional mantiene la orden de arresto contra Saif el Islam

El Tribunal también sigue la pista de Abdula el Sanusi, jefe de la inteligencia militar

Los acontecimientos registrados en las últimas horas en Libia no han modificado los planes de la Corte Penal Internacional. De este modo, y por ahora, se mantiene en vigor la orden de arresto contra Saif el Islam, segundo hijo del fallecido Gadafi. Lo mismo sucede con Abdulá el Senusi, que fuera jefe de la Inteligencia militar del régimen libio. Ambos están acusados de crímenes contra la humanidad por la represión contra la población registrada a partir de febrero de 2011.

Sobre Gadafi mismo, la Corte debe seguir el protocolo jurídico de cualquier otro tribunal, según señalan portavoces del organismo. Es decir, tiene que acreditar primero su muerte para abandonar la búsqueda a escala internacional. Por extraño que parezca después de que la imagen de su cadáver diera la vuelta al mundo, se trata de un trámite jurídico ineludible. Cómo lo hará es otra cosa. La Corte podría dar por buenos los documentos e imágenes llegados a través de la prensa. También podría requerir un despacho al consejo rebelde libio para que constate el fallecimiento del dictador.

Gadafi fue el segundo jefe de Estado buscado por la CPI, después del presidente sudanés, Omar al Bashir. En el caso libio, el trío formado por el líder muerto, su hijo, y el jefe de los espías, ostentaba el poder de diversa forma. Gadafi era el líder supremo. Saif, un primer ministro de hecho encargado de dar órdenes. El Senusi, su principal ejecutor.

Ahora que la revuelta libia está a punto de completar su círculo, la Corte depende más que nunca de los propios libios para poder juzgar tanto a Saif el Islam y como a El Sanusi. A carecer la CPI de policía (la busca y captura internacional se encargó a Interpol), los líderes revolucionarios decidirán qué hacer con ambos. Pueden procesarlos en Libia, o rendirlos a la justicia internacional.

Según las organizaciones humanitarias, la revuelta suma miles de muertos, cerca de 700.000 civiles escapados a otros países, y unos 300.000 desplazados. Human Rights Watch ha denunciado que ambas partes cometieron crímenes. Algo que la CPI sigue investigando, en el caso de los insurgentes.

 

 

 

 

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