El desalojo del mayor campamento nómada de Reino Unido deja dos heridos

La policía de Essex ha tomado hoy al asalto la finca de Dale Farm que desde hace años enfrentaba en los tribunales al municipio local y a un grupo de trashumantes que habían levantado allí un campamento permanente. A pesar de las espectaculares imágenes que inevitablemente produjo el asalto, difundidas durante todo el día por los medios británicos, la policía tomó el control del lugar en dos asaltos y se dedicó el resto del día a ir desalojando uno a uno a los activistas que se habían encadenado a un andamio. El balance oficial fue de siete detenidos y dos personas paralizadas mediante el controvertido sistema de descargas eléctricas mediante un tipo especial de pistolas.

La batalla de Dale Farm es la culminación de una guerra que enfrenta a dos intransigencias: la de los trashumantes, que se empeñan en salirse con la suya a pesar de que la ley está en su contra, y la del ayuntamiento de Basildon, que se ampara en la ley para imponer su posición sin que nadie sepa muy bien por qué es tan importante desalojar a una gente que empezó a acampar en el lugar hace casi 40 años y que es propietaria de las parcelas en cuestión, aunque no tengan permiso para edificar en ellas.

El conflicto se remonta a los años 70, cuando un grupo de gitanos ingleses se instaló en el lugar con permiso del ayuntamiento. Con el tiempo, el asentamiento, que antes había sido un campo de chatarra, se ha convertido en permanente pero solo la mitad de las viviendas están legalizadas como tales. Hace 10 años, el ayuntamiento decidió expulsar a los ilegales, dando paso a una batalla en los tribunales resuelta en septiembre a favor de la autoridad municipal.

El conflicto se remonta a los años 70, cuando un grupo de gitanos ingleses se instaló en el lugar con permiso del ayuntamiento

Pero los trashumantes, que en su mayoría son ahora gitanos irlandeses, consiguieron atraer a decenas de activistas para resistirse a la expulsión y un juez ordenó en el último minuto que se paralizara el desalojo. Tras un mes de tira y afloja en los tribunales, estos volvieron a dar la razón al ayuntamiento. El lunes, el Tribunal Superior negó a los trashumantes el derecho a volver a apelar, cerrando de forma definitiva la batalla judicial.

La decisión del lunes inició la cuenta atrás del desalojo. La policía utilizó la vieja táctica de la distracción: hizo ver que iba a asaltar la entrada principal, donde trashumantes y activistas habían concentrado su defensa, pero entraron por la parte de atrás poco antes de las siete y media de la mañana. Tras una pausa de dos horas, dieron un segundo asalto que les permitió tomar el control definitivo del campo. Su presencia fue recibida con lanzamiento de piedras y otros objetos, como bolsas llenas de orina. Ardió una de las caravanas del campo, complementando el tinte dramático de las imágenes del asalto.

Mientras los trashumantes culpan de la violencia al ayuntamiento afirmando que no tenían más alternativa, las autoridades locales aseguran que han ofrecido viviendas alternativas a los afectados pero estos las han rechazado. Estos afirman que aceptarlas hubiera sido una traición a su cultura y a sus ansias de seguir viviendo en comunidad.Y quienes critican la firmeza municipal se preguntan si realmente era tan difícil legalizar el campo o encontrar un solar alternativo. Entre unos y otros, la operación de desalojo le costará más de 20 millones de euros al ayuntamiento. Un dinero precioso en estos tiempos de ajuste presupuestario.