La Comisión actúa

La intervención del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, en el Parlamento Europeo ha sido una pequeña muestra de realismo en el marasmo de torpezas y retóricas inútiles que ya viene caracterizando la gestión de la crisis económica y financiera de la eurozona, la más grave de la historia de la UE. Esta es una crisis que está poniendo a prueba la capacidad de nuestras instituciones y autoridades, comunitarias y nacionales, para encontrar soluciones con las que evitar daños adicionales a la población, y en particular a las de aquellos países que comparten el euro como moneda.

De poco vale instrumentar una retórica defensiva como la empleada por Juncker o Trichet buscando diferencias favorables a la situación frente a la existente en EE UU, como reacción a las declaraciones del presidente Obama en las que mostraba su razonable inquietud por la cuestionable gestión en Europa de las renovadas amenazas de la crisis de la deuda soberana. Esa preocupación de las autoridades estadounidenses por la situación en la eurozona es tan razonable como evidente es el grado de interdependencia que existe entre ambos bloques económicos, en especial de sus sistemas financieros. Por eso es de valorar que la Comisión, lejos de alimentar esas declaraciones defensivas, se disponga al menos a poner propuestas sobre la mesa.

Y las que Barroso ha señalado en el Parlamento Europeo son pertinentes. Aun cuando no esté en sus manos la resolución definitiva de la crisis abierta en los mercados de deuda pública, sí es conveniente que favorezca el fortalecimiento frente a crisis venideras y que algunas iniciativas contribuyan a distribuir los costes de la crisis actual. Avanzar en la regulación de los sistemas financieros es la primera lección que cabe deducir de la crisis. No menos necesaria es la contribución de esos operadores financieros a suavizar sus costes fiscales. Quienes han recibido ingentes sumas de dinero de los contribuyentes, en algunos casos coexistiendo con retribuciones escandalosas a sus directivos, han de contribuir de forma diferencial a la reducción de los déficits públicos. No solo han de ser impuestos sobre el trabajo o sobre el consumo los que ayuden a cubrir los muy significativos recortes en el gasto público.

Tiene todo el sentido la propuesta de Barroso de gravar con una tasa específica a las operaciones financieras, con el fin de “contribuir de forma proporcionada” a satisfacer esos necesarios propósitos de consolidación fiscal. Para que sea eficaz, y no genere oportunidades de arbitraje, el impuesto sobre las transacciones financieras debería aplicarse en los 27 países de la UE. Con los tipos impositivos previstos, la recaudación sería de 57.000 millones de euros anuales, a partir de su entrada en vigor el 1 de enero de 2014. Deseable sería que esta iniciativa fuera acompañada de otras de más inmediata aplicación que aceleren la transición a una verdadera integración fiscal, desde bases de distribución y equidad hasta ahora ausentes en no pocos sistemas tributarios de la UE.