La exministra de Salud argentina comunicó a la Embajada de EE UU las carencias de la atención médica

La corrupción farmacéutica, la intromisión sindical en algunos campos de la salud, la drogadicción, los costes asociados a los cuidados médicos de larga duración y el aumento de pacientes, entre otros factores, agravaron los seculares carencias de la sanidad pública argentina, lastrada por la crisis económica del año 2001, según el desolador panorama expuesto ante el embajador de EE.UU, Anthony Wayne, por la entonces ministra de Salud Pública, María Graciela Ocaña. La funcionaria renunció seis meses después, en junio del 2009, agobiada por la crisis de la gripe A y la acumulación de problemas, entre ellos su enfrentamiento con las empresas farmacéuticas, a las que imputó prácticas fraudulentas, y los sindicatos hostiles a sus políticas. Ocaña pidió siempre una mayor transparencia de la agencia encargada de distribuir medicamentos después de las acusaciones de manipulación de precios y doloso encarecimiento de los productos por parte de suministradores. Muchos de esos empresarios supuestamente "fueron contribuyentes de la campaña electoral del año 2007", que llevó a la presidencia a Cristina Fernández de Kirchner, señala un comunicado enviado a Washington . El director de la agencia de distribución acabó renunciando por exigencia del gobierno.

La exministra, de 51 años, que asumió el cargo en el 2007, informó al diplomático que las consecuencias de la fragilidad del sistema son muy graves : niños adictos al crack entran en los pocos programas de desintoxicación disponible, y los abandonan sin haber sido curados; y hospitales con tratamientos de emergencia adicionales para jóvenes no los ejecutan o no pueden hacerlo, de acuerdo con el embajador, que resume así la situación: "Ocaña está lidiando con una difícil situación, agravada por la arraigada corrupción, un dramático incremento del consumo de estupefacientes, y una bizantina situación política. Todo ello complica el manejo de los asuntos relacionados con la sanidad pública". El sistema argentino garantiza el acceso universal a la sanidad, pero los más pobres afrontan serias dificultades para lograrlo. La población es atacada por la tuberculosis, el chagas (enfermedad parasitaria), el dengue, la fiebre amarilla y el HIV, así como la diabetes, las enfermedades mentales, las drogas y el tabaco, según la lista de la embajada.

María Graciela Ocaña, que pidió la ayuda de EE.UU, dijo que era un reto dirigir eficientemente un ministerio cuando el dinero destinado a la salud pública va "a otros lugares". "Dijo al embajador que había descubierto corrupción, particularmente en los servicios sanitario y de medicamentos. Además, ha habido recientes casos de laboratorios farmacéuticos manufacturando medicinas fraudulentas en dosis inadecuadas". Para Ocaña, las denominadas Obras Sociales, administradas por los sindicatos, constituyen una iniciativa positiva al proporcionar cobertura sanitaria a los asociados, bajo el control del ministerio. Esta valoración de la funcionaria es apostillada, a renglón seguido, por un comentario descalificador de la representación diplomática norteamericana, escrito entre paréntesis: "ese sistema (Obras Sociales) no garantiza una buena atención médica y, sin embargo, proporciona oportunidades para la corrupción".

Los sucesivos ministros de Salud han debido lidiar con la Confederación General de Trabajadores (CGT), dirigida por Hugo Moyano, un marrullero operador que, a cambio del apoyo de su central al gobierno, consiguió echar atrás un nombramiento ministerial en el ministerio de Salud "que amenazaba el control de la CGT sobre los millonarios subsidios oficiales en el sector de la salud", indica la embajada de EE.UU . Tras la denuncia de Ocaña, Moyano intrigó ante la presidencia argentina a favor de un ministro más favorable al control sindical sobre la agencia al cargo de los programas médicos, que distribuye más de 342 millones de dólares anuales en pagos a los sindicatos por sus gastos médicos: "Ocaña ha librado una larga y fallida lucha con Moyano por el control de la agencia", cuando descubrió que "los sindicatos no proporcionaban la adecuada documentación exigida para reembolsar a sus médicos".

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