El Ejército de Brasil se opone a la creación de una Comisión de la Verdad

Brasil tiene aún una asignatura pendiente relacionada con el periodo de la dictadura militar de hace 30 años; es el único país de América Latina que no ha hecho las cuentas de esa época de tinieblas, muertes y torturas. La presidenta, Dilma Rousseff, una de las víctimas de aquellos tiempos de violencia fascista, torturada durante 20 días y encarcelada casi dos años, ha dado su apoyo para que se apuren todos los hechos, y facilitar así que las familias de muchos desaparecidos puedan encontrar los restos mortales de sus allegados.

En nombre de la pacificación nacional fue aprobada la Ley de Amnistía, que daba por perdonadas las atrocidades realizadas por ambos bandos en conflicto durante el Gobierno militar. Sin embargo, una parte de la izquierda del Partido de los Trabajadores llega a contestar esa ley en lo que se refiere al perdón a los "torturadores", alegando que es un crimen que "no prescribe".

La Comisión de la Verdad apoyada por Rousseff no pretende dirimir esa espinosa cuestión, aunque sí "esclarecer todos los hechos de aquel periodo" para""hacer justicia a la historia".

"Hechos superados"

Las Fuerzas Armadas, sin embargo, temen que dicha comisión pueda acabar pidiendo la revisión de la Ley de Amnistía, sancionada por el Tribunal Supremo Federal. Por ello, acaban de redactar un documento, enviado al ministro de Defensa, Nelson Jobim, en el que revelan su preocupación. Según el texto, adelantado en parte ayer por el diario O Globo, la comisión "provocará tensiones y serias desaveniencias al traer a discusión hechos ya superados". Para los militares, la iniciativa de Rousseff "va a abrir una herida en la conciencia nacional" y "promover revanchas políticas".

En caso de que no consigan parar la idea de la Comisión de la Verdad, las Fuerzas Armadas exigen que testigos y militares sean "invitados y no citados" a declarar; que se investiguen también casos de terrorismo y ajusticiamientos realizados dentro de los grupos de izquierdas de aquel momento, y el fin del anonimato para quienes entreguen voluntariamente documentos secretos de aquel tiempo.

Hasta hoy no ha habido reacción oficial de la presidenta Rousseff al respecto, pero los analistas políticos están convencidos de que ningún documento del Ejército será capaz de paralizar un proyecto al que ella se ha comprometido de forma especial.