El obispo de Trípoli denuncia los ataques a los africanos

El obispo y vicario apostólico de Trípoli, Giovanni Martinelli, ha lanzado la alerta sobre los crecientes ataques, en las dos partes de la Libia dividida entre rebeldes y fieles a Gadafi -pero sobre todo en la zona liberada-, contra los ciudadanos africanos subsaharianos. "Tienen cada vez más miedo, porque se está extendiendo por el país el prejuicio de que africano significa mercenario", afirmó el obispo, recordando además que muchos caseros libios están expulsando a los inquilinos de color de sus viviendas porque temen posibles represalias de los rebeldes. La ONG italiana EveryOne afirmó ayer que tienen noticias de "innumerables episodios de agresiones, robos, expropiaciones e intimidaciones contra los inmigrantes subsaharianos", y señaló que varios centenares de ellos están esperando que mejore el estado del mar para dejar el país rumbo a Europa.

Martinelli y el nuncio apostólico, Tommaso Caputo, lanzan además una llamada de socorro para que la UE ayude a salir de Trípoli y del país a unos 2.000 refugiados de guerra eritreos, muchos de ellos mujeres y niños. "Se encuentran en una situación gravísima, son verdaderamente los últimos del Evangelio", dijo Martinelli, "y nosotros no podemos hacer nada por ellos salvo ayudarles a pagar el alquiler. Pido que alguien les asista y les dé refugio, porque ahora nadie se está preocupando por ellos".

El obispo contó a la agencia vaticana Fides que los eritreos acudieron el domingo a la catedral católica de Trípoli y que 54 de ellos tienen documentos de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, y viajarán en las próximas horas en avión a Italia. Los demás, dijo el prelado, no tienen papeles.

Italia, el país europeo más cercano a Libia, deberá afrontar en primera línea la emergencia migratoria, aunque la suspensión del Tratado de Amistad con Libia y la restrictiva Ley de Seguridad aprobada hace dos años por el Gobierno de Silvio Berlusconi no facilitarán la tarea.

Ayer se supo que la Fiscalía del Estado de Agrigento (Sicilia) ha abierto una investigación contra los cerca de 6.000 inmigrantes llegados desde Túnez a la isla de Lampedusa en los últimos dos meses huyendo de las revueltas que hicieron caer al presidente Ben Ali. El supuesto delito cometido por los refugiados es el de inmigración clandestina.

El fiscal jefe Renato Di Natale, explicó ayer que la ley (diseñada por el ministro del Interior, Roberto Maroni, de la Liga del Norte) obliga a controlar a todos los desembarcados que entran en el país sin documentos "y a interrogarles para tratar de hallar a los inductores de la inmigración clandestina". La fiscalía lleva semanas dedicada en exclusiva a incautarse de las embarcaciones, anotar los nombres de los prófugos e interrogarlos. Sin Gadafi, la ley Maroni parece inaplicable.