Hungría acepta cuatro enmiendas en su ley de prensa para garantizar la libertad de expresión

El Gobierno húngaro ha cedido a las demandas de la Comisión Europea sobre la ley de prensa, calificada de ley mordaza en diversas latitudes, y en un plazo de dos semanas introducirá las enmiendas requeridas por Bruselas para hacerla compatible con la legislación comunitaria, incluida la Carta de Derechos Fundamentales. La comisaria Neelie Kroes se dice satisfecha por el acuerdo alcanzado Budapest, pero alerta de que seguirá vigilante para asegurar de que la aplicación de la ley reformada se hace como se ha prometido.

La ley entró en vigor al tiempo que Hungría asumía la presidencia de turno de la Unión, lo que hizo de altavoz a las protestas de los afectados y más flagrantes sus contradicciones con el acervo comunitario. En el curso del análisis de la ley, la Comisión encontró una objeción más a las tres inicialmente descubiertas: el contenido de las informaciones no debía causar ofensa, aunque solo fuera por vía indirecta, a personas, minorías o mayorías. A juicio de los expertos comunitarios era una provisión desproporcionada que podría atentar contra la libertad de expresión. Esa limitación desaparece y solo será aplicable contra la incitación al odio y la discriminación, según Jonathan Todd, portavoz de Kroes.

Los otras tres áreas de desacuerdo tenían que ver con la obligatoriedad de todos los medios, incluido un simple videoblog, de producir información equilibrada; la ruptura del principio de país de origen, según el cual un proveedor de servicios autorizado en un país de la Unión no debe ser sometido a autorización para los mismos servicios en otro; y el registro previo en Hungría antes de operar.

De la exigencia de proporcionar información equilibrada, calificada de "desproporcionada" por la Comisión, quedan excluidos con las nuevas enmiendas los medios que ofrecen servicios de pago. Incluso la tradicional equidad que se reclama a radios y televisiones deberá ser proporcional. La legislación enmendada respetará el principio del país de origen, lo que sustrae a proveedores establecidos en otros países de la Unión de las exigencias que la Ley plantea para los medios húngaros. La autorización y registro dejarán de ser previos y podrán realizarse en un plazo de 60 días.

Bruselas no ha podido entrar en la cuestión de la independencia del organismo húngaro que debe vigilar por la aplicación de la nueva ley. Esa nueva autoridad está dominada por el partido Fidesz, del conservador primer ministro Víktor Orban, que controla también el Parlamento húngaro. La Comisión intentó en su día establecer baremos y parámetros para definir la independencia de autoridades semejantes, pero los Gobiernos rechazaron la idea.