Los herederos de los paramilitares

Las bandas criminales al servicio del narcotráfico ?Bacrim, como las llama el Gobierno colombiano?, son hoy "la peor amenaza para el país", afirmó esta semana el comandante de la policía general Óscar Naranjo.

Casi la mitad de los más de 15.400 asesinatos cometidos en Colombia el año pasado ?un 47%? son responsabilidad de estos grupos armados, el resultado de una desmovilización fallida de los paramilitares, que sembraron el terror durante dos décadas. Cifras oficiales señalan que las Bacrim operan en 21 de los 32 departamentos colombianos (el 75% del territorio) y que son dirigidos, en su mayoría, por mandos medios de los frentes desmovilizados. Pero mientras algunos funcionarios insisten en que, salvo contadas excepciones, sus crímenes están relacionados con el negocio de la droga, la realidad muestra que atentan contra líderes sociales, amenazan e imponen normas en las zonas que controlan.

El asesinato a comienzos de mes de dos estudiantes de biología de una prestigiosa universidad bogotana en el caribeño departamento de Córdoba ?cuna del paramilitarismo? hizo que el país reconociera que esta amenaza es mucho peor de lo que hasta el momento se había aceptado. Pese a que en septiembre pasado el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, dijo que las Bacrim eran grupos "sin poder local, fácilmente manejables", solamente en Córdoba, el año pasado, fueron asesinadas 575 personas. En los dos primeras semanas de 2011 se registraron 31 crímenes.

Human Rights Watch (HRW) señala en su informe anual que las 20 masacres sufridas en 2010 en todo el territorio colombiano representa un aumento del 41% en comparación con el año anterior. Los asesinatos de sindicalistas, los ataques a los defensores de los derechos humanos y las amenazas a líderes sociales, particularmente a los que se atreven a reclamar tierras de los desplazados por los paramilitares, son algunas de las atrocidades que les atribuye HRW en su informe anual. "La situación del sindicalismo sigue siendo crítica", comenta Alberto Vanegas, encargado de derechos humanos de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores de Colombia). Colombia es el país con el mayor número de asesinatos contra sindicalistas del mundo. En 2010 murieron 44 y en enero han sido asesinados dos más.

Vanegas, además, cuestiona las cifras oficiales de la lucha contra la impunidad. Desde 1986, 2.774 sindicalistas han sido asesinados según cifras de la CUT. De estos crímenes, solamente se ha investigado un 25%. Desde el Gobierno se destacan las 260 sentencias dictadas pero Vanegas subraya que éstas son para quienes dispararon el gatillo.

"Para los autores intelectuales, la impunidad sigue siendo del 99%"

HRW también señala la situación de los líderes de grupos de víctimas que reclamaban tierras. 45 han muerto desde 2005. La organización llama la atención sobre el crimen de Óscar Maussa, asesinado en noviembre de 2010 tras recibir amenazas. Lo amarraron a un árbol y lo mataron a palos. La restitución de tierras es una de las prioridades del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Los cálculos más bajos dicen que los paras arrebataron más de dos millones de héctareas. El Incoder ?Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, la entidad encargada de la titulación de estos predios? fue cómplice de este despojo. "Hubo un periodo oscuro en que a más de un subgerente de Incoder se le podía identificar con un jefe para" afirma el nuevo gerente de esta entidad, Juan Manuel Ospina.

HRW, en una carta enviada al vicepresidente Angelino Garzón, aconseja que la fiscal general, Viviane Morales Hoyos, modifique la "deficiente" metodología empleada en la investigación de los crímenes. En la misiva, la organización reconoce que el Gobierno de Santos "ha tomado medidas positivas" para enfrentar a estos grupos. Uno de sus más temidos cabecillas, Pedro Oliveira Guerrero, alias Cuchillo, cayó abatido en una operación policial en diciembre pasado. Pero HRW subraya "la

persistencia histórica que han tenido los paramilitares, la extensión de sus redes delictivas y el poder político y económico que han acumulado [en Colombia]" y recomienda que las autoridades investiguen y juzguen a los funcionarios que hayan tolerado o colaborado con estos grupos.