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El Parlamento Europeo pone en aprietos a Dilma y Lula

Estrasburgo pide la extradición del activista de extrema izquierda Césare Battisti, acusado de asesinato en Italia

El Parlamento Europeo ha pedido a Brasil hoy jueves, con 83 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, que autorice la extradición del ex activista italiano Césare Battisti, acusado en su país de cuatro asesinatos. La propuesta pone en aprietos tanto a la presidenta Dilma Rousseff como a su predecesor en el cargo, Luiz Inácio Lula da Silva, quien el 31 de diciembre pasado, último día de su mandato, decidió no conceder la extradición que había pedido el Supremo Tribunal Federal brasileño.

La resolución votada en el Parlamento Europeo pide a Brasil que "ejerza el derecho-deber de extraditar a Battisti procurando así "cumplir de modo correcto la interpretación del tratado bilateral" entre Europa y el país sudamericano.

El ala más izquierdista de la formación de Lula, el Partido de los Trabajadores (PT), apoyó la decisión de su líder de dejar libre a Battisti, que en los años 70 había luchado con grupos extremistas de izquierdas vinculados a las Brigadas Rojas y había sido condenado en Italia a cadena perpetua. El Supremo ya anunció tras la decisión del presidente que volverá a examinar la extradición el mes próximo. El senado brasileño también aprobó anteayer una moción a favor de la extradición del ex militante.

Si para Lula, la votación casi unánime del Parlamento Europeo supone un revés, no lo es menos para su sucesora, Rousseff, a quien el ex presidente quiso con su decisión el último día ahorrarle tomar una decisión delicada al inicio de su mandato. En su juventud, la propia Rousseff fue una activista de extrema izquierda a la que la dictadura militar de aquellos años (y no uno democrático) juzgó, encarceló y torturó.

Justamente ayer, Dilma había hecho saber que estaba segura de que el Supremo acabaría el mes próximo ratificando la decisión de su antecesor de no extraditar a Battisti. Lula había fundado su decisión en un informe de la Abogacía General del Estado que se apoyaba en el tratado bilateral de extradición de Brasil e Italia para dictaminar que Battisti no tendría en Italia una verdadera libertad de defensa ya que, según el activista, había sido injustamente condenado por crímenes que él "nunca había cometido".