Marruecos rechaza a turistas españoles vinculados a medios de comunicación

Las autoridades marroquíes prohibieron ayer la entrada a un periodista de COMRàdio y a una empleada de Box Publicidad que viajaron al país de vacaciones

El Gobierno de Marruecos está denegando acceso al país a ciudadanos españoles por el mero hecho de ser empleados de empresas del sector de la comunicación, aunque no sean periodistas o no viajen al territorio marroquí por fines profesionales. La medida representa un nuevo paso dado por Rabat en la escalada de represalias desatada por la cobertura informativa dada por los medios españoles al campamento de protesta saharaui erigido cerca de El Aaiún y su desmantelamiento, por la fuerza, el pasado mes de noviembre.

Las autoridades marroquíes prohibieron ayer la entrada a David Collantes, un periodista de la emisora COMRàdio, que viajaba a Marraquech de vacaciones; y a Nadia Álvarez, empleada de Box Publicidad, empresa del grupo PRISA, editora del diario ELPAÍS. Fuentes consulares españolas señalaron anoche que se están produciendo "muchos casos" parecidos.

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Álvarez, que también viajaba a Marraquech de vacaciones y que no es periodista, relató en conversación telefónica que las autoridades le denegaron el acceso alegando que este estaba prohibido "a las personas que trabajan en medios de comunicación". Álvarez se encontraba anoche retenida en el aeropuerto, sin pasaporte, a la espera de ser repatriada hoy.

Por otra parte, también fue expulsada la delegación de la asociación Euskal Fondoa, integrada por varios políticos vascos, que pretendía entrar en el Sáhara Occidental.

Además de negar el acceso o expulsar a los periodistas que intentaban cubrir la crisis del Sáhara Occidental en el mes pasado, el Gobierno marroquí también ha tomado graves medidas tras la publicación de informaciones relacionadas con redes de corrupción que salpican el palacio real marroquí. Estas se fundamentan en los cables de las representaciones diplomáticas de Estados Unidos en Marruecos, filtrados por Wikileaks.

El Gobierno de Rabat impidió la distribución de las ediciones de EL PAÍS del 3 y el 12 de diciembre, así como la del diario francés Le Monde del 12 de diciembre. Marruecos consideró "difamatorios" los contenidos de las informaciones publicadas por ambos periódicos.

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