La justicia boliviana encarcela a dos alcaldes contrarios a Evo Morales

La debilitada oposición del país denuncia ante los foros internacionales que el Gobierno pretende liquidarla desde los tribunales

La lucha por el control total del poder político en Bolivia se ha cobrado dos nuevas bajas en la oposición tras la decisión judicial de enviar a la cárcel a los alcaldes suspendidos de Sucre y Potosí, mientras se apuran los procesos -con 55 acusaciones- contra el gobernador de Tarija, Mario Cossío, y el gobernador de Beni, Ernesto Suárez, cuyo juicio comenzará el 29 de noviembre.

El suspendido alcalde de Potosí, René Joaquino, escuchó, el pasado sábado, la lectura del fallo en su contra dispuesto por el Tribunal de Sentencia número uno de esa ciudad con una condena de tres años de cárcel bajo cargos de daños económicos a ese Ayuntamiento por la compra de vehículos de segunda mano. Menos de 48 horas después de leído el fallo, un juez instructor fijó para el uno de diciembre la primera audiencia en un nuevo proceso judicial contra Joaquino, esta vez bajo cargos de designaciones ilegales de funcionarios ediles entre el 2007 y 2009, debido a que las contrataciones no acreditaron, supuestamente, títulos universitarios reconocidos por el Estado, omisión sancionada por el Código Penal.

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"No hay argumento legal alguno para esta sentencia, pero la política es así, pues esta es una decisión política", reiteró Joaquino al salir del Tribunal de Sentencia, cuyo fallo ha sido ya apelado. El alcalde ahora suspendido, cargo que asumió por mayoría absoluta electoral el pasado mes de abril, ha servido durante más de tres lustros en la Alcaldía de Potosí y su renta patrimonial, según la página web de la Contraloría, asciende a 6.500 euros. Joaquino ha prometido a sus seguidores que continuará en la lucha por la democracia y la justicia con más fuerza que nunca.

La Corte Superior de Justicia de Sucre tenía programado conocer y fijar fecha de audiencia para resolver el recurso de apelación presentado por los abogados del ex alcalde de Sucre, Jaime Barrón, recluido de forma preventiva en la cárcel de San Roque desde la pasada semana para evitar una posible fuga. Mientras, una treintena de universitarios de la Pontificia San Francisco Xavier se encuentran en huelga de hambre en la plaza de armas pidiendo la libertad del político.

Barrón fue acusado de haber instigado el maltrato y vejámenes, el 24 de mayo de 2008, contra humildes campesinos alineados con el Movimiento Al Socialismo (MAS) del presidente Evo Morales. Entonces Barrón era rector de la Universidad Mayor de San Francisco Xavier de la capital y, como tal, presidente del Comité Interinstitucional de Chuquisaca que, en ese momento, defendía el derecho a mantener Sucre como capital de Bolivia en el texto de la nueva Constitución.

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El ex alcalde, que renunció al cargo el 19 de julio pasado para asumir su defensa y posibilitar nuevas elecciones en Sucre, ha negado categóricamente su participación en esos hechos que ocurrieron cuando él y un grupo de dirigentes cívicos se encontraban lejos del lugar. Barrón sospechaba que agentes del propio Gobierno pudieron haber incitado a la violencia contra indígenas chuquisaqueños.

La debilitada oposición boliviana ha denunciado ante foros internacionales la pretensión gubernamental de liquidar a sus miembros desde los tribunales de justicia, a donde también está acudiendo, por ejemplo, el gobernador de Tarija, Mario Cossío, que se querellará contra dos ministros del gabinete de Evo Morales: el de Economía, Luis Arce Catacora, y la ministra de Justicia, Nilda Copa. También acusará a asambleístas de Tarija y dirigentes políticos del oficialista MAS. Los cargos argumentan conspiración e intentos de derrocarle.

Cossío se presentó en varios programas informativos de la televisión y la radio de La Paz y Santa Cruz para demostrar, con una grabación en mano, los entretelones de una reunión del MAS en Tarija ?hace unas dos semanas? en la que se discutió la forma más efectiva de desestabilizarlo, una vez que "solamente falta el golpe final para poder derribarlo", según se oye decir en la cinta magnetofónica a uno de los asambleístas, quien junto al ministro de Economía reconocieron como suyas las voces registradas en la grabación durante declaraciones a los distintos medios bolivianos.

El Gobierno restó importancia a las denuncias del gobernador y sugirió a Cossío que se preocupe por responder a los 55 cargos que afronta en varios procesos judiciales.

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, ha sido llamado a declarar en el proceso que se le sigue por desacato al fiscal de La Paz, Marcelo Sosa, y otro por desacato al vicepresidente Álvaro García Linera. El gobernador de Beni, Ernesto Suárez, ha sido citado para el próximo lunes para responder ante un juez por supuesta malversación de fondos, que se destinaron a financiar el referendo autonómico de 2008.

Por último, el ex gobernador de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, refugiado en Estados Unidos, será enjuiciado en febrero de 2011.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza.AFP

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